El procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, manifestó que la defensa de los intereses del sector se encuentra consolidada.
El procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, manifestó que la defensa de los intereses del sector se encuentra consolidada.

Un tribunal arbitral ha desestimado una demanda por S/ 13 millones del Consorcio Vial Mayocc contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), relacionada al Contrato de Ejecución de Obra N° 055-2013-MTC/20, para la construcción y mejoramiento de la carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, tramo: Mayocc-Huanta.

La pretensión económica que el consorcio buscaba en este proceso arbitral era por los siguientes conceptos: saldo de gastos generales variables de los presupuestos principales y adicionales, también sobre gastos generales variables en el periodo que cubre fechas de ampliaciones de plazo.

Igualmente, por los conceptos sobre utilidades dejadas de percibir del contrato principal y adicionales de obra, y por el monto estimado por mantener cartas fianzas, entre otros.

La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del sector, con la participación técnica de Provías Nacional, logró impedir que el Estado pague más de S/ 13 millones a favor del citado consorcio”, dijo el MTC en un comunicado.

Es importante resaltar que Consorcio Vial Mayocc está conformado por las empresas JOHE S.A y Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., ambas investigadas por el Ministerio Público en la Carpeta Fiscal N° 34-2017, por el conocido caso ‘'”, añadió el ministerio.

Al respecto, el procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar, manifestó que la defensa de los intereses del sector se encuentra consolidada. “Desde el ámbito de nuestras competencias, seguiremos impulsando las buenas prácticas en el arbitraje, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema de defensa jurídica del Estado”, señaló.

El referido procurador puntualizó que “La institución del arbitraje debe utilizarse para solucionar controversias suscitadas en la ejecución de un contrato, no para defraudar al Estado”.