Transportistas conminan al Estado a restituir fondo de garantía por más US$ 500 millones

Han pasado más del 10 días del plazo legal para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco de la Nación respondan al cumplimiento de la ley vigente desde el Gobierno de Fernando Belaunde, en los años 80, y que ha pasado por un vaivén, y a la que exige el gremio de transporte urbano se pueda restituir.

Este es una norma en la que se exijía a los transportistas pagar un impuesto de 6% a cambio de la creación de un fondo llamado FOFITT (Fondo Financiero de Transporte Terrestre), cuya recaudación se hizo y llego a los US$ 500 millones, pero el Estado derivó esos recursos para otros fines y no para el sector transporte, cuya finalidad tenía la adquisición de nuevos vehículos.

Ante ello, a fines de octubre el gremio de transportistas CETU envió una carta notarial al MEF y al Banco de la Nación - encargada según la norma de crear el Comité de Administración del FOFFIT- para la restitución de dicho fondo, de lo contrario solicitarían una Acción de Cumplimiento ante un juzgado constitucional en Lima.

Como se indicó, el plazo ya superó los 10 días hábiles y según explica Carlos Mansilla, asesor del CETU, están próximos a iniciar este proceso legal.

“Antes queremos agotar todas las vías y conversar con el Ejecutivo, porque no queremos recursos para un préstamo, sino garantía para la compra de unidades como establecía la norma”, expresó.

Adjunto las cartas al MEF y al Banco de la Nación

Cobertura de las garantías

El representante gremial explica que una vez que se restituya el fondo facilitará la renovación del parque automotor de transporte público, cuyo pago se garantizará con la creación de un fideicomiso, en el que se establece ingresos garantizados a partir del cobro de los pasajes.

“El fideicomiso lo administraría directamente el Estado para garantizar el repago de la compra de buses”, explicó.

Solo en la ruta de Ancón a Pucusana -en la Panamericana Norte y Sur - se estiman ingresos por más de S/ 3 millones diarios, por lo que detalla, como ejemplo, que la renovación de la flota para atender esta ruta facilitaría el pago de las deudas generadas por la compra de nuevas unidades.

Carlos Mansilla considera que con la creación del fondo se podría atraer el interés de inversionistas para la instalación de una planta de ensamblaje, debido a que estima que se podrían incorporar más de 2,000 nuevas unidades de transporte público de 18 metros.

Reitera que, no están pidiendo un préstamo directo del Estado, sino garantías que están respaldadas por un fideicomiso.