La protesta que desde hace mes y medio mantiene una comunidad campesina de los Andes de Perú contra el proyecto minero elevó su tensión tras las detenciones -el viernes- de sus dirigentes y asesores legales, estos últimos acusados de presunta extorsión contra la empresa.

Cientos de agricultores de la comunidad de Fuerabamba, en la provincia surandina de Apurímac, marcharon el viernes hasta las inmediaciones de la mina para reclamar la liberación de sus dirigentes.

Esta comunidad mantiene bloqueada desde el 4 de febrero el camino rural que atraviesa su territorio y que la minera utiliza sin el permiso de esta para transportar el mineral extraído del socavón mediante unos 250 camiones de gran tonelaje, recordó este viernes la Confederación Nacional Agraria (CNA).

El presidente de la comunidad Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas, aseguró que el camino no existía cuando ellos recibieron el fundo Yavi Yavi en 2011 y que, sorprendentemente, el 25 de mayo del año pasado ese camino fue declarado como vía nacional por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sin consultarles a ellos.

Precisamente Rojas es uno de los cuatro detenidos junto al también dirigente Carlos Fernando Vargas y a los hermanos Jorge y Frank Chávez, quienes ejercían de asesores legales de la comunidad.

A los hermanos Chávez la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay les imputa un presunto delito de extorsión contra Las Bambas por valor de S/ 100 millones (unos US$ 30 millones), según detalló el diario peruano Correo.

"Entiendo que ha habido una investigación muy paciente desde hace varios meses que ha concluido en que se han intentado utilizar mecanismos de extorsión", explicó la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, en declaraciones a la emisora RPP Noticias.

La ministra consideró que la detención de Rojas no menoscaba la voluntad del diálogo del Gobierno e insistió que su arresto fue un trabajo hecho por la Fiscalía y la Policía.

"En este tema no hay solamente un dirigente, hay un conjunto de dirigentes con los que se ha venido dialogando hace bastante tiempo atrás", señaló Muñoz.

"Uno tiene la predisposición de dialogar pero hay cosas que no se pueden hacer. Yo puedo protestar legítimamente pero no puedo tomar una carretera, no puedo extorsionar", agregó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció "los intentos de criminalizar la defensa legal de la comunidades" a pesar de que aclaró que no comparte la forma de diálogo y trabajo de los abogados Chávez.

La CNDDHH hizo un llamado "urgente" para "evitar cualquier intervención violenta de la Policía Nacional, lo cual solo agudizará más el conflicto".

Recordó que es "imprescindible" evitar que se repitan los episodios de 2015 y 2016, en una protesta similar donde murieron cuatro campesinos por disparos de arma de fuego hechos supuestamente por la Policía.

En ese sentido, la organización pro derechos humanos advirtió que no existe ningún proceso que investigue la muerte de estos cuatro agricultores pero, en contraposición, los manifestantes sí están procesados "por delitos como asociación ilícita para delinquir, disturbios o daños y sus casos avanzan de manera acelerada".

Asimismo, la ONG criticó los continuos estados de excepción declarados constantemente en la zona por el Gobierno desde hace dos años que dejan suspendidos derechos fundamentales como el de reunión o la inviolabilidad del domicilio.

, operada por el consorcio australiano-chino MMG, se encuentra a más de 4.000 metros de altitud, en la provincia de Cotabambas y contiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y 12,6 millones de toneladas de recursos minerales.

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