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El Gobierno acaba de designar a Paulo Vilca Arpasi como viceministro de Gobernanza Territorial, un cargo que le otorga la responsabilidad de monitorear y buscar soluciones a los conflictos sociales en el país.
Este abogado con estudios de posgrado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ocupó anteriormente varios cargos en el Estado peruano por los que no pasó en medio de varias polémicas.
Antes de ser nombrado viceministro, su más reciente designación fue, a mediados de setiembre del 2019, de miembro de la comisión de alto nivel para el Desarrollo Minero Sostenible , junto con Iván Lanegra, Carlos Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo, entre otros. Este grupo de trabajo entregó en febrero último un informe final con sus recomendaciones para reformar el desarrollo de la minería.
En junio del 2013, Vilca Arpasi asumió el cargo de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, en reemplazo de Iván Lanegra. En aquel momento del Gobierno de Ollanta Humala se encontraba como ministro de Cultura Luis Peirano Falconí.
Cabe recordar que el Viceministerio de Interculturalidad tiene como función principal implementar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, y, por ende, es el responsable estratégico de concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta, según el portal del Ministerio de Cultura.
Durante esta gestión, hubo una controversia con Pluspetrol, operador del proyecto Camisea en el Cusco, que había solicitado autorización al Gobierno para ampliar sus actividades de exploración dentro del Lote 88.
Alrededor de dos tercios del Lote 88 se ubican dentro de una reserva establecida para proteger a las poblaciones nativas que viven en aislamiento voluntario o en contacto inicial con el exterior: la Reserva Territorial Kugapakori NahuaNanti, según el estudio Consulta previa: Perú, desarrollado por los investigadores Cynthia A. Sanborn y Álvaro Paredes.
Poco después de haber sido designado viceministro de Interculturalidad, Vilca planteó 83 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa, que había sido aprobado por el gobierno de Alan García.
En sus observaciones, Vilca argumentaba que el EIA no protegía adecuadamente los derechos y el bienestar de los pueblos que habitaban en la mencionada reserva.
Si bien esta postura recibió el apoyo de la Defensoría del Pueblo, el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, y el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Jorge Merino, la rechazaron. Durante este enfrentamiento, se produjo la renuncia de Vilca, quien antes publicó una resolución que dejaba sin efecto su informe.
Desde el MEM se señaló que las observaciones del viceministro se basaban en información incompleta.
Posteriormente, su sucesora en el cargo, Patricia Balbuena, revisó los volúmenes adicionales del EIA y levantó 34 de las observaciones.
En enero del 2014 el Viceministerio de Interculturalidad declaró que la empresa había levantado todas las observaciones y permitió la continuidad del proyecto. También declaró que la mayoría de los pueblos indígenas ya no habitaban en el área correspondiente al Lote 88.