Carlos Hinostroza Sánchez
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Gonzalo Arcasi Mariño
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La procuraduría ad hoc del caso Lava Jato ha fijado, de manera provisional, el monto de la reparación civil que deberá abonar la empresa brasileña Odebrecht por el caso Interoceánica.
Jorge Ramírez, titular de dicha institución, indicó a Gestión que la cifra preliminar es de S/ 593’963,552.31.

Puede incrementarse
El abogado del Estado precisó que dicho monto podría incrementarse cuando el caso ingrese a etapa intermedia dentro del proceso judicial.
“La Procuraduría actualmente viene evaluando de manera técnica más daños causados al Estado por la concesión y ejecución del proyecto”, reiteró.

En octubre pasado, Ramírez informó que su despacho solicitará a Odebrecht la suma de S/ 1,480 millones por el gasoducto del sur, y S/ 248 millones por el caso Chacas-San Luis. En total, el monto de la reparación civil, en esos dos proyectos, asciende a S/ 1,729 millones.

GyM debe pagar
En otro momento, el procurador saludó el comunicado de la empresa Graña y Montero, en la que se comprometía a asumir solidariamente el pago de la reparación civil en caso se le encontrara responsable por los presuntos actos de corrupción en el caso Interoceánica.

“Para la Procuraduría esta empresa habría obtenido beneficios económicos que tendrían origen en actos ilícitos, por lo que debe responder objetivamente por el daño civil ocasionado”, acotó. Ramírez recordó que la constructora firmó un acuerdo de responsabilidad solidaria para asumir cualquier pago por los daños que se generen con ocasión del contrato de concesión.

Balance de Lava Jato
El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato cuenta con 17 colaboradores eficaces, entre nacionales y extranjeros.

Además, este equipo, liderado por Hamilton Castro, logró recabar información financiera mediante mecanismos de cooperación judicial internacional de Brasil, Inglaterra, Suiza, Gran Caimán y Andorra.

Producto de ello, la Fiscalía indicó que se ha logrado identificar más de 2,000 operaciones financieras y 56 empresas offshore, vinculadas a los investigados, en paraísos fiscales.

También se han congelado 64 cuentas bancarias y allanado 50 inmuebles.