(Foto: GEC)
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Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Aníbal Quiroga y Natale Amprimo presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial, demandantes que el Estado no sea el único que administre el manejo de las vacunas en contra del COVID.

En el documento de 84 páginas -se alega- para demandar al presidente Francisco Sagasti y a la presidenta de la PCM Violeta Bermúdez que se permita a las personas jurídicas importar y comercializar vacunas antiCOVID que “la participación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado interno contribuirá a aumentar la disponibilidad de las vacunas contra el COVID, sin representar ningún riesgo para el acceso gratuito y universal de las vacunas en los establecimientos estatales que la Ley 31091 expresamente garantiza”.

Agregan que -de permitirse a los privados importar y comercializar vacunas - permitirá que las personas que no estén incluidas en el orden de prioridades establecido en el Plan Nacional de Vacunación puedan acceder a una contra e COVID de forma inmediata.

En especial aquellas que padecen comorbilidades que aún no han recibido vacunas; aliviando -además- en esta tarea a las autoridades estatales y fortaleciendo la disponibilidad de las vacunas para las personas de menores ingresos en los centros de salud públicos”.



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