Redacción Gestión

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Diversas organizaciones representantes de las personas afectadas por la violencia terrorista llegaron hoy al Centro de Lima en una marcha nacional para pedir la modificación del , norma que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, debido a que vulnera sus derechos.

Este decreto fue observado en su oportunidad por vulnerar el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, establece criterios cuestionables para la entrega de las reparaciones y un monto que resulta insuficiente para reparar el daño causado a las víctimas.

Eduardo Vega, Defensor (e) del Pueblo, señaló que "las víctimas y sus familiares, merecen un trato justo, digno y equitativo por parte del Estado. No se pueden admitir criterios poco técnicos para el acceso a las reparaciones económicas individuales, como exigir más de 80 años a los padres de las personas desaparecidas o fallecidas, si la expectativa de vida en nuestro país, es menor".

El problemaLa norma dispuso el cierre del Registro hasta el 31 de diciembre del 2011, negándose el derecho de las víctimas para acceder al programa de reparación económica individual. Igualmente, se cuestionó el monto de las reparaciones establecidas en la norma por resultar menor al otorgado a otros grupos de víctimas como los Comités de Autodefensa. Según dicha norma las víctimas pueden acceder a S/. 10,000, cuando otras reparaciones otorgadas en el país llegan a S/. 39,000.

Las organizaciones presentes en la marcha son la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), y la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP). También se unieron otras organizaciones provenientes de Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica y Cusco, que solicitan a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo atender su demanda.