:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/X3RZXERBIRCHVGJ7GJVFRO5UQI.jpeg)
En el marco de la investigación que realiza la Contraloría sobre el caso ‘Vacunagate’, el contralor Nelson Shack informó que su institución ya tiene en su poder los contratos firmados entre el Gobierno y los laboratorios AstraZeneca y Sinopharm, con la finalidad de adquirir vacunas contra el covid-19.
“En el marco de la investigación del proceso de negociación y contratación de las vacunas, se ha pedido (al Gobierno) los contratos, y nos enviaron los contratos suscritos con AstraZeneca y Sinopharm, solo falta que nos envíen el de Pfizer”, señaló.
Shack agregó que están a la espera que el Ejecutivo envíe las actas de negociación. “(El Ejecutivo) ha dicho que en el transcurso de los próximos días nos lo van a enviar. Estamos dentro del plazo en este control posterior para poder acceder a toda esta información y, de esa manera, poder llevar adelante esa investigación, con la celeridad y rigurosidad del caso”, apuntó.
Otros pedidos
El contralor también indicó que espera recibir en 15 días, como máximo, toda la información solicitada a las entidades públicas involucradas en el caso ‘Vacunagate’.
“La información es diversa. En el caso de la SUNAT, hemos pedido el acceso a las declaraciones de aduanas de mercancía. Eso ya fue entregado y sabemos que son cuatro registros y cómo entraron estas vacunas del ensayo clínico. Eso es interesante porque las 3,200 vacunas están en una sola declaración y no tienen nada que ver con el ensayo clínico”, señaló.
De igual forma, Shack dijo que solicitó al Instituto Nacional de Salud (INS) que envié información sobre la autorización para la entrada al país del lote de 3,200 vacunas de Sinopharm.
“En el caso del Minsa y Cancillería, se pidió información de los legajos y declaraciones juradas (de los funcionarios) para ver si son correctas o no. No vaya a ser que estas personas dijeron que no (se vacunaron), pero están en la lista. Eso podría ser un delito de falsedad genérica. La investigación es muy amplia”, apuntó.
Tráfico de vacunas
Shack recalcó que su institución no intervendrá ni hará control concurrente en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, a la que calificó de una “operación de naturaleza privada”, sino que solo se investigará a los funcionarios.
“Aquí hay personajes involucrados del sector privado y público. En cristiano, la Contraloría no hace nada con las personas del sector privado, nuestro foco de atención está en los funcionarios públicos”, alertó.
En ese sentido, añadió que la Contraloría está segmentando a los 122 funcionarios que figuran en la lista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en distintos tipo de investigación. Los informes que tienen que ver con una presunta responsabilidad administrativa se publicarán, a más tardar, en abril.
“En lo que respecta a los funcionarios que intervinieron en el proceso de negociación y contratación de la vacuna, encontramos presunta responsabilidad penal. Podría haber delitos de concusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, etc. (…) todos ellos serán comprendidos en un informe que seguramente verá la luz todavía en unos tres meses más”, acotó.
Finalmente, consideró que, en este caso, lamentablemente “se ha generado un tráfico de vacunas y ha existido un mercado”. “Quizás no ha habido una transacción monetaria (por las vacunas), pero nadie sabe por qué unos se vacunaron y otros no, en una situación tan delicada en la que vivimos”, dijo.