El Presidente de la República Martín Vizcarra, acompañado del Premier Walter Martos. Fotos: Miguel Bellido / @photo.gec
El Presidente de la República Martín Vizcarra, acompañado del Premier Walter Martos. Fotos: Miguel Bellido / @photo.gec

La perpetua crisis política en Perú se ha reabierto con un nuevo proceso de destitución contra el presidente Martín Vizcarra, acosado por acusaciones de corrupción, su estructural debilidad política y una oposición implacable sin miedo a la inestabilidad en medio de la crisis del COVID-19.

Luego de que el Congreso aprobara abrir un segundo juicio político contra Vizcarra en menos de dos meses, al que un sector de la oposición acusa de “incapacidad moral”, el Ejecutivo respondió este martes con la afirmación de que algunos congresistas quieren gobernar el país contraviniendo las disposiciones constitucionales.

Mientras que el primer ministro, Walter Martos, señaló que el Ejecutivo puede responder con acciones legales, Vizcarra dijo que “nada lo va a distraer” del combate de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia en Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por la enfermedad.

Crisis tras crisis

La inestabilidad política en Perú comenzó tras el triunfo, por muy breve margen, que alcanzó en el 2016 el economista Pedro Pablo Kuczynski sobre la entonces líder opositora Keiko Fujimori, cuyo partido logró el control del Congreso y, desde el primer momento, intentó imponer sus propuestas políticas.

Tras numerosos enfrentamientos, Kuczynski renunció en marzo del 2018 para evitar que el Congreso lo destituyera por los vínculos empresariales que tuvo con la constructora brasileña Odebrecht.

Pocas semanas antes de su dimisión, Kuczynski había superado por muy poco otra “moción de vacancia”, como se conoce en Perú al juicio político parlamentario.

La jefatura de Estado fue asumida por el vicepresidente Vizcarra, quien rápidamente volvió a protagonizar enfrentamientos con la oposición fujimorista, que se fueron agravando hasta que el mandatario disolvió el Congreso, en setiembre del 2019, y convocó a elecciones legislativas que se celebraron en enero de este año.

Nuevo frente de crisis

A pesar de que el cambio de representantes en el Congreso pulverizó la mayoría que tenía el fujimorismo, también dejó un escenario político atomizado, con nueve bancadas en el Legislativo, pero ninguna de ellas representando al Gobierno.

A las pocas semanas se reabrió el enfrentamiento, con el Ejecutivo acusando al Legislativo de aprobar leyes populistas, sin que el estallido de la pandemia amainase las disputas políticas.

El nuevo clímax llegó en setiembre pasado, cuando un sector opositor liderado por el partido Unión por el Perú (UPP) presentó un primer pedido de destitución tras conocerse una serie de grabaciones clandestinas en las que el mandatario parece querer ocultar su vínculo con la contratación del cantante Richard “Swing” Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Tras varios días de tensión e incertidumbre, finalmente la mayoría de congresistas rechazó destituir a Vizcarra para mantener la estabilidad del país en medio de la crisis sanitaria y después de que se revelara que el presidente del Congreso, Manuel Merino, uno de los impulsores del proceso y quien asumiría el Gobierno, buscó el apoyo de jefes militares.

Nuevo pedido de destitución

Este lunes, solo un mes y medio después del anterior proceso, el Congreso de Perú aprobó un segundo pedido de destitución contra Vizcarra por un presunto caso de corrupción cuando el actual mandatario fue gobernador de la región Moquegua entre el 2011 y 2016.

Este pedido fue patrocinado nuevamente por UPP y responde a la denuncia de que Vizcarra recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo con las declaraciones de varios aspirantes a colaboradores de la Justicia.

Los testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados al denominado “club de la construcción”, la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.

A raíz de esta denuncia, el fiscal anticorrupción Germán Juárez había previsto tomar este martes la declaración de Vizcarra, pero el gobernante, quien niega las acusaciones de presunta colusión y asociación ilícita, no atendió esa diligencia.

Pedido de rápido proceso

Este martes, Vizcarra aseguró que respeta las instancias constitucionales y responderá al pedido de destitución, pero pidió al Congreso que adelante la fecha del juicio político, programada inicialmente para el próximo lunes, para terminar pronto con la inestabilidad política en su país.

Lo que nosotros queremos, y lo hemos pedido con mucho respeto, es que no alarguemos la incertidumbre”, declaró el gobernante antes de decir que el debate y la votación del pedido de destitución puede ser esta semana.

Vizcarra comentó, además, que “no le encuentra sentido” a la posibilidad de presentar un pedido de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC), porque recordó que aún está pendiente de resolución de una solicitud similar enviada cuando se aprobó el primer pedido de vacancia.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, afirmó que el Congreso “ha tomado como deporte” los pedidos de destitución del presidente y lo acusó de cometer “una tremenda irresponsabilidad” y de intentar asumir las tareas del Ejecutivo.

Están creando una crisis política innecesaria que está retrasando todo lo que es la lucha contra la pandemia, está retrasando todo lo que es la reactivación económica y lo que están buscando algunos congresistas es que el Congreso a la vez gobierne y legisle, y eso sería totalmente desastroso para el país”, dijo.

Martos también informó que se comunicó con el presidente del Congreso, Manuel Merino, para pedirle que fije la votación de la moción de destitución “lo antes posible”.

De momento, el jefe de Estado deberá presentarse, o enviar a su abogado, el próximo lunes ante el Congreso para ejercer su defensa, tras lo cual se debatirá y votará su eventual destitución, que requiere de 87 votos, de un total de 130 legisladores, para ser aprobada.