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Tribunal Constitucional evalúa el lunes demanda contra "Ley Mulder"

"Hay una demanda que ingresó el día jueves que ya ha sido calificada por el TC y se va a publicar la decisión al respecto el día lunes", declaró el presidente del TC, Ernesto Blume, sobre la primera de las dos demandas presentadas.

Publicidad estatal

Foto: USI

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El Tribunal Constitucional (TC) evaluará el lunes las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, según declaraciones de su presidente Ernesto Blume.

"Hay una demanda que ingresó el día jueves que ya ha sido calificada por el TC y se va a publicar la decisión al respecto el día lunes", declaró Blume sobre la primera de las dos demandas presentadas contra la ley aprobada por el Congreso, a pesar de la oposición del gobierno.

La primera demanda fue presentada por la bancada oficialista en el Parlamento, Peruanos por el Cambio, con el respaldo de 33 legisladores bajo el argumento de que la norma impedirá al Ejecutivo y a las instituciones estatales informar a la ciudadanía sobre distintos temas y campañas.

Por su parte, la oposición en el Congreso, encabezada por la fujimorista Fuerza Popular y el partido Aprista, promovieron la ley que regula la publicidad estatal con un presunto ánimo de control de los presupuestos estatales, pero el oficialismo la tachó de ser una "ley mordaza" que coarta su libertad de información.

El propio ministro de Justicia, Salvador Heresi, presentó también, a nombre del gobierno de Martín Vizcarra, una demanda de inconstitucionalidad contra la norma porque se opone al derecho de los ciudadanos a ser informados de las acciones del Estado, a través de los medios de comunicación privados.

"Esa demanda la vamos a analizar en el Pleno del martes para ver si es admisible o no, y luego, si procede, si está de acuerdo a ley, si cumple con los requisitos, si se declara su admisibilidad, se va a notificar al Congreso", agregó Blume.

El presidente del TC explicó que ambas demandas pueden ser acumuladas en un solo expediente y que la sentencia definitiva podría salir en tres meses, después de haber notificado al Congreso y pedir su manifestación.

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