Tribunal Constitucional acordó no participar en Consejo para la Reforma Judicial

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que, por unanimidad, el pleno de dicha institución acordó no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

A través de un pronunciamiento que contó con la presencia de los siete magistrados supremos, Blume argumentó esta decisión en base al artículo 201 de la Constitución Política que los respalda como un organismo “autónomo, independiente y responsable del control" de la Carta Magna.

“El pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad de sus siete miembros no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado por la Ley 30942, por cuanto conforme al artículo 201 de la Constitución es autónomo, independiente y responsable del control de la Constitución”, aseveró.

Así, el Tribunal Constitucional refirió que a partir de la fecha no intervendrá en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia ni institucionalmente ni a través de la presidencia.

Como se recuerda, el Ejecutivo formalizó en mayo la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que fue aprobado en el pleno del Congreso y que tiene por finalidad "impulsar la reforma del sistema de justicia mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia".

Según la norma, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia debe estar conformado por el presidente de la República, el titular del Congreso y los representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Entre sus funciones están impulsar la reforma del sistema de justicia, formular los criterios para la elaboración de la política nacional de reforma de este sistema, coordinar la ejecución de las políticas, realizar el seguimiento y control de los procesos de reforma de justicia y la presentación de un reporte anual de los avances que se produzcan.