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The Economist: Mayor escándalo de América Latina amenaza con atrapar al presidente PPK

Para The Economist, incluso si PPK reúne suficiente apoyo para privar a la oposición de la mayoría necesaria para destituirlo, parece cada vez menos probable que el presidente termine su mandato en el 2021.

PPK

(Foto: Reuters)

Al igual que otras figuras políticas en la región, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se ha visto envuelto en la maraña de corrupción de Odebrecht.

Reuters

Desde que ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales del Perú en junio del 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no la ha tenido nada fácil. Su partido de centroderecha Peruanos por el Kambio tiene solo 18 de los 130 escaños del congreso unicameral. Fuerza Popular, liderado por su derrotada oponente Keiko Fujimori, cuenta con 71.

Fuerza Popular ha censurado a los ministros del presidente y ha frustrado sus planes legislativos, incluyendo una iniciativa para reformar el corrupto e ineficiente poder judicial del país. Solo estaba esperando una excusa para perseguir al propio Kuczynski.

Dicha excusa se presentó el 13 de diciembre, cuando aparecieron pruebas que detallaban pagos de US$ 780,000 entre el 2004 y 2007 a Westfield Capital (una firma registrada en Florida que Kuczynski fundó en la década de 1990) hechos por Odebrecht, un gigante brasileño de la construcción que había sobornado a funcionarios en casi toda América Latina para adjudicarse contratos públicos.

PPK había negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con Odebrecht, incluso a una comisión del Congreso. Ante esta situación, el 15 de diciembre el Congreso votó sumariamente por 93 a 17 para iniciar un proceso de vacancia contra Kuczynski. "Mentir repetidas veces" a los peruanos hace que Kuczynski no sea moralmente apto para el cargo, argumentaba la moción.

El presidente presentará su defensa ante el Congreso el 21 de diciembre. Después de ello, los legisladores decidirán su destino. Mientras tanto, PPK sigue desafiante e insiste en que nunca recibió pagos directos de Odebrecht. Pero las probabilidades le juegan en contra. Incluso si reúne suficiente apoyo para privar a la oposición de la mayoría de dos tercios necesaria para destituirlo, parece cada vez menos probable que termine su mandato, que se extiende hasta el 2021.

Kuczynski no sería la primera víctima de alto perfil del caso Odebrecht. Ha llevado a la cárcel a uno de sus predecesores, Ollanta Humala. Otro expresidente, Alejandro Toledo, es buscado por un juez en Perú (Toledo vive en Estados Unidos). A principios de diciembre, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue sentenciado a seis años de cárcel por corrupción. En Brasil es difícil encontrar un político prominente que no esté atrapado en la red de corrupción.

La diferencia es que nadie ha acusado a Kuczynski de aceptar sobornos. Fuerza Popular, que le dio 24 horas para renunciar si quería evitar el espectáculo del proceso de vacancia, lo acusó de mendacidad y conflicto de intereses: fue el ministro de Economía y Finanzas de Toledo y luego primer ministro cuando se hicieron los pagos a Westfield.

El presidente señala que, mientras él era ministro en el gobierno de Toledo, Westfield Capital era dirigida por Gerardo Sepúlveda, un financista chileno. Odebrecht ha confirmado que los servicios de consultoría de Westfield eran legítimos, que las facturas provenían de Sepúlveda, no de Kuczynski, y que fue el chileno el que recibió el pago. Pero el 17 de diciembre, el presidente Kuczynski admitió ante periodistas que había recibido dividendos de Westfield. Sus oponentes se aprovecharon de esto como prueba de un conflicto de intereses no declarado.

Fuerza Popular también está manchado por el escándalo. El primer nombre de la Sra. Fujimori aparece en una evidencia escrita de Odebrecht. Keiko niega que la anotación se refiera a ella, o que recibió sobornos. Kuczynski afirma, con cierta justificación, que la "vacancia expresa" constituye un "asalto al orden democrático".

Si se concreta el proceso de destitución, Kuczynski sería reemplazado por su primer vicepresidente Martín Vizcarra. Si Vizcarra también cayera (en mayo tuvo que renunciar como ministro de transporte por un contrato para el nuevo aeropuerto de Cusco), la siguiente en la fila es Mercedes Aráoz, la primera ministra. Si ella rechazara el cargo o fuera destituida, la responsabilidad recaería en el presidente del Congreso, quien debe convocar elecciones inmediatamente. ¿El probable ganador? Keiko Fujimori.

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