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"Superintendencia para universidades debe ser autonóma del poder político"

El organismo debería regular las inversiones de las universidades después de su ejecución, porque sino el proceso caería en la permisología, aseguró Juan Incháustegui, director ejecutivo de Tecsup.

El Ejecutivo anunció hace unos días la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria ( Sunedu), pero ésta debería contar con un directorio autónomo así como el del Banco Central de Reserva respecto al poder político, anunció Juan Incháustegui, director ejecutivo de Tecsup.

Asimismo, dijo que el Consejo Nacional de Educación debe privilegiar el voto de confianza con la elección de los cinco directivos que conformarán esta Superintendencia.

"El diablo está en el detalle", afirmó Incháustegui para ilustrar el riesgo que podría haber en la fiscalización de las universidades, ya que el Ejecutivo mencionó el control ex-ante de las inversiones de las casas de estudio, pero hacerlo de esta manera podría conllevar a la permisología y trabas burocráticas.

Por ello, sostuvo que esa precisión debe ser modificada y la fiscalización debería ser ex-post, es decir, después de la ejecución de tales inversiones en las universidades. "Hay una pequeña trampita, se debe puntualizar que la fiscalización sea después de la inversión", resaltó.

Además, opinó sobre la proliferación de filiales, y las tildó como no beneficiosas, ya que algunas no cumplen los requisitos permitidos por el Consejo de Educación.

Respecto a contar con un representante del MEF, Incháustegui afirmó que es una buena medida porque la gestión de recursos económicos y financieros que se reinvierten para prestar servicios educativos debe contar con un representante de tal ministerio.

El director ejecutivo también indicó que la Sunedu no puede asumir las competencias de otros organismos como el Indecopi o la Sunat, y precisó que los miembros de la Superintendencia no pueden ser removidos, salvo falta grave, porque se puede prestar a la arbitrariedad.

Por último, declaró que la propuesta del Ejecutivo es buena y es un paso necesario e intermedio, pero debe recibir correcciones.

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