Como una pésima medida que quebranta la lucha contra la corrupción y fomenta la impunidad en el país, calificó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la decisión del Poder Judicial de ordenar la libertad de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, así como de Carlos Vargas Arizabal, que son acusados del delito de extorsión y organización criminal en agravio del Estado peruano y de la empresa minera MMG, explota la mina Las Bambas.
Pablo de la Flor, director del gremio, lamentó que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac no haya valorado en su integridad las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Las mismas que permitieron que la jueza Patricia Valencia determine la prisión preventiva por 36 meses para los hermanos Chávez Sotelo, investigados por delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión, falsificación de sellos y timbres oficiales, así como por la tenencia Ilegal de armas.
"Los administradores de justicia deben dar señales inequívocas que su misión y deber es hacer respetar la ley y la legalidad más no lo contrario, pues debilitan el ordenamiento jurídico y socavan la gobernabilidad del país", afirmó.
En ese contexto, señaló que resulta inadmisible que se pretenda tejer un “manto de impunidad” para proteger a quienes delinquen y atentan contra la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos.
Las autoridades –añadió– deben garantizar que el proceso de diálogo iniciado entre el gobierno, la comunidad de Fuerabamba y la empresa, no sea perturbado ni condicionado por quienes azuzan los conflictos sociales con fines subalternos y delictivos.
Asimismo, expresó la preocupación del gremio empresarial ante las actitudes intransigentes de aquellos que condicionan la continuidad del diálogo en Fuerabamba a la aprobación de una ley de amnistía que deje sin efecto las denuncias contra quienes han participado en actos de violencia contra personas y la propiedad pública y privada.
