Tras la confesión de Susana Villarán de haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para sus campañas de 2013 y 2014, el presidente Martín Vizcarra, el Congreso y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz cuestionaron la continuidad de los peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla.
El municipio capitalino decidirá qué acción tomar el próximo lunes, sin embargo, ¿hay alguna decisión judicial pendiente sobre este tema? Gestión conversó con Silvana Carrión, procuradora adjunta del caso Lava Jato.
La abogada del Estado señaló que, en estos momentos, la Procuraduría litiga en la apelación que presentó Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada en la gestión de Villarán, ante el Poder Judicial.
“Los peajes ilegales inician con el caso Domingo Arzubialde. El exfuncionario fue condenado a 4 años de prisión suspendida por haber aceptado de manera ilegal las fórmulas para el reajuste de peaje propuesto por LAMSAC. Esta fórmula indebida para el reajuste se mantiene hasta la fecha”, explicó Carrión.
Sostuvo que el Poder Judicial impuso al exfuncionario de Villarán S/. 100 mil de reparación civil. Ante esta decisión, dijo que la Procuraduría del caso Lava Jato apeló y reafirmó su pedido inicial de S/. 17 millones como indemnización por los peajes cobrados entre octubre de 2013 y enero de 2015.
Casación decisiva
Carrión manifestó que en los próximos días la Sala Penal de Apelaciones decidirá si declara nula esta sentencia para que se discuta el monto de reparación civil propuesto por la Procuraduría, mientras que en la Corte Suprema se decide un recurso de casación dirigido a lograr que se incorpore como tercero civil responsable a LAMSAC en este caso.
“(Si se incorpora a LAMSAC) será obligada a pagar una reparación civil de manera solidaria por los daños causados a los ciudadanos y al Estado”, anotó.
