Nelson Shack señaló que al año unas 4,500 personas son investigadas por responsabilidad administrativa y funcional. (Foto: GEC)
Nelson Shack señaló que al año unas 4,500 personas son investigadas por responsabilidad administrativa y funcional. (Foto: GEC)

El contralor general de la República, , señaló que "ha tranquilizado" a su institución el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la ejecución de su fallo que declara inconstitucional las infracciones sancionadoras del organismo de control.

"Ha tranquilizado el hecho de que el Tribunal Constitucional, en la figura de su señor presidente, ha mencionado que con la aclaración que el Congreso ha solicitado, los efectos de esta sentencia quedan en suspenso, con lo cual la va a poder continuar trabajando en tanto se resuelve el problema de fondo", señaló.

En diálogo con RPP, refirió que la enviará este lunes 29 de abril un proyecto de ley al Congreso de la República para que las infracciones estén tipificadas ya no en un reglamento, sino de manera expresa en la ley.

"La sentencia del Tribunal Constitucional avanza y fortalece a la Contraloría porque zanja por completo ya la discusión de que si la Contraloría debe tener o no capacidad sancionadora. Constitucionaliza la capacidad sancionadora de la Contraloría y la autonomía e independencia de sus órganos instructores y sancionadores tanto en primera como en segunda instancia. Eso es un progreso y lo hemos saludado desde un primer momento", expresó.

Shack recordó que la Contraloría y el Sistema Nacional de Control realizan mil auditorías al año, que comprenden alrededor de 4,500 personas por responsabilidad administrativa y funcional.

"Hay demasiado descontrol y muchos casos de inconducta funcional y de corrupción. Siempre ha sido así", subrayó.

Finalmente, el contralor precisó que su institución remitió ayer un pedido de aclaración al TC sobre la aplicación que debe tener esta sentencia a las autoridades electas por voto popular.

Cabe indicar que la resolución del Tribunal Constitucional será aclarada, entre otros puntos, en los extremos sobre la situación de los 15,000 funcionarios que se encuentran en pleno proceso sancionador y sobre las autoridades electas.