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Se sabrán nombres de consultores y los montos que cobran al Estado

Proyecto modifica la Ley de Transparencia e incluye sanciones penales a quienes las incumplan. Se conocerá si entidades han realizado arbitrajes y los montos destinados en estas acciones.

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La Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría, en su última sesión ordinaria, el dictamen que propone la modificación de la Ley de Transparencia.

El congresista fujimorista Juan Carlos del Águila, autor del proyecto, explicó que esta iniciativa busca que todas las entidades del Gobierno nacional y el Estado hagan transparentes sus gastos.
Además de la información que debe publicar ante el Ministerio de Economía mensualmente, también deberá informar sobre los pagos realizados en cada entidad, indicando fecha, beneficiario, entre otros detalles.

Ahora el documento debe ser votado una vez en la Comisión Permanente o en el pleno de hoy. En su defecto, en el de la próxima legislatura que inicia en agosto.

¿Qué se aprobó?
De acuerdo al dictamen al que accedió Gestión, el grupo congresal plantea que entre la información que deben publicar todas las entidades de administración pública deben estar los servicios de consultorías que contrate cada entidad.

“Se debe especificar el presupuesto total del servicio, el presupuesto del periodo correspondiente, su nivel de ejecución, el presupuesto acumulado, incluyendo los cronogramas de actividades”, se lee en el texto.

También piden que haga público el avance de ejecución de las consultorías e informes que correspondan al periodo reportado.

¿Arbitrajes?
El dictamen también sugiere que las entidades del Gobierno nacional y del Estado deberán revelar si han realizado arbitrajes.

“Los montos de las controversias arbitrales, los pagos de los honorarios arbitrales, así como los gastos arbitrales que se realizan durante el proceso arbitral”, reza el documento aprobado. Fuentes de la comisión indicaron que se incluyó este punto debido a los presuntos actos de corrupción en los arbitrajes realizados por Odebrecht en los últimos 15 años.

Sanciones
La Comisión de Fiscalización pide que los funcionarios o servidores que incumplan esta norma podrían ser denunciados penalmente.

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