Guillermo Westreicher Hgwestreicher@diariogestion.com.pe

, abogado experto en derecho ambiental, recomendó fijar en el presupuesto de la nación una partida específica para la interdicción minera, la cual debería representar "millones de soles". De esta forma, se incrementará la presencia del gobierno, con la acción de las fuerzas armadas y la polícia.

"La idea es que el trabajo sea permanente, crear como una fuerza especial. No puede ser que los ministerios relacionados y los gobiernos regionales tengan que recurrir a los recursos ya asigandos para combatir esta actividad", acotó.

Asimismo, De la Puente destacó que se hayan establecido las vías autorizadas para el traslado del petróleo (combustible para mover las dragas) y los insumos para el procesamiento del (mercurio y cianuro de sodio). "Los decretos supremos son un excelente primer paso porque se ha catalogado a los como criminales", manifestó.

No obstante –acotó el experto-, en la norma falta incluir dos puntos: penas para los procesadores del mineral y la caducidad de las concesiones mineras para quienes realizan la extracción ilegalmente.

Otro punto importante es que, por la tipificación del delito, se incluye por defecto a la gran minería formal que va a realizar una ampliación y, por demora en sus permisos, cae en una infracción ambiental.

Esta situación explicó el especialista generaría un problema de seguridad jurídica que puede afectar las inversiones, ya que las reglas de juego no están claras para los empresarios y abre la posibilidad que sean llevados a la cárcel.

Demanda internacional

"Podríamos estar sujetos a una demanda por la comunidad internacional o por Brasil, por miles de millones de dólares, debido la contaminación que provoca la minería ilegal en ", afirmó el experto.

Esta externalidad negativa se debe al mercurio, que se utiliza para procesar el mineral y contamina el río. Al mismo tiempo, este metal se transfiere en toda la cadena alimenticia, es decir, pasa al organismo humano si se consume un pez infectado.