Línea Amarilla
Línea Amarilla

La empresa Lamsac podría ser incluida como tercero civil responsable, junto al exfuncionario de la Municipalidad de Lima Domingo Arzubialde, por los presuntos reajustes irregulares en los peajes de la Línea Amarilla.

Es decir, si los jueces del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios admiten la apelación de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, ambos tendrán que pagar una reparación civil preliminar de más de S/ 17 millones, según fuentes de Gestión.

La procuradora Silvana Carrión sustentó, en mayo, ante los magistrados que la compañía tiene que ser incorporada en el proceso como tercero civil, así como Arzubialde, por una vinculación de hecho (ver otrosí digo).

¿Qué significa? La conducta real ejercida por un funcionario en hechos que evidenciarían que hubo un favorecimiento a una empresa.
Para la Procuraduría, en el 2013, Arzubialde habría aprobado de manera irregular una propuesta de Lamsac para reajustar los peajes de la Línea Amarilla de S/ 3.30 a S/ 4 sin mayor sustento técnico, legal y financiero.

La decisión de los jueces se emitiría en esta semana.

La historia

La Municipalidad de Lima firma el contrato de concesión con Lamsac para la construcción de la Línea Amarilla el 12 de noviembre del 2009.

Según la Fiscalía, en agosto del 2013, Línea Amarilla SAC, constituida en ese entonces por OAS, envió una carta a Domingo Arzubialde, gerente de promoción de la inversión privada, en la que piden que a partir de octubre se quería comenzar a explotar la concesión.

Por tanto, Lamsac iba a empezar a cobrar los peajes y ya no Emape. Dicho pedido fue rechazado por el exfuncionario de la gestión de Susana Villarán por falta de sustento de la empresa.

Sin embargo, en setiembre, Lamsac continuó con la oferta y esta vez sí fue aprobada por el funcionario. La Contraloría halló en dicha acción, hasta el 2015, un perjuicio al Estado por S/ 20 millones, pues infringía las cláusulas 9.9 y 9.10 del contrato de concesión.

Investigación fiscal

Ante los hallazgos de la Contraloría, el Ministerio Público inició investigación contra Arzubialde por presunta negociación incompatible.

Según la Fiscalía, Arzubialde hizo un reajuste de tarifas del peaje a favor de Lamsac, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la suscripción del contrato de concesión. Es decir, desde el 12 de noviembre del 2009 hasta el 31 de julio del 2013.

Ello, pese a que el cambio debió darse desde el 31 de enero del 2013 hasta el último día del mes anterior al inicio de operatividad del proyecto. Esto es, a partir del 5 de octubre del 2013.

La Fiscalía ya acusó al exfuncionario. Aún está pendiente el juicio oral. Arzubialde negó las acusaciones en la comisión Lava Jato.

Pedido denegado

El primer pedido de la Procuraduría para incluir como tercero civil responsable a Lamsac y Arzubialde fue denegado por el Poder Judicial, pues se pretendía incorporar a la francesa Vinci Highways.

La defensa del Estado subsanó su solicitud y apeló las observaciones de los jueces.