Foto 1 |  ¿De qué está acusado PPK exactamente?
Los legisladores de la oposición en Perú alegan que el presidente mintió en repetidas ocasiones en los últimos meses al asegurar que no tenía vínculos con Odebrecht. La semana pasada, presentaron documentos que muestran que Odebrecht pagó casi US$ 800,000 en honorarios de asesoría a una firma de banca de inversión, Westfield Capital Ltd., propiedad de Kuczynski. Algunos pagos tuvieron lugar cuando era ministro de Economía y Primer ministro hace más de una década.
Foto 1 | ¿De qué está acusado PPK exactamente? Los legisladores de la oposición en Perú alegan que el presidente mintió en repetidas ocasiones en los últimos meses al asegurar que no tenía vínculos con Odebrecht. La semana pasada, presentaron documentos que muestran que Odebrecht pagó casi US$ 800,000 en honorarios de asesoría a una firma de banca de inversión, Westfield Capital Ltd., propiedad de Kuczynski. Algunos pagos tuvieron lugar cuando era ministro de Economía y Primer ministro hace más de una década.

El jefe de Estado, , presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo solicitando que se deje sin efecto el pedido de vacancia presidencial.

“Interpongo la demanda de amparo por la afectación a mi derecho constitucional al debido proceso parlamentario”, indica el documento presentado ante el Juez Especializado en Derecho Constitucional de Lima.

Asimismo, solicita que “se deje sin efecto la admisión del pedido de vacancia presidencial, suspendiéndose los efectos de la Moción de Orden del Día No. 4710”.

La acción de amparo de 41 páginas fue presentada ante la autoridad judicial, el último 18 de diciembre, lleva las firmas del jefe de Estado, y por el abogado, José Palomino Manchego.

Como medios probatorios, presenta la carta remitida por Odebrecht al diario La República en la que explica la forma como Westfield Capital brindo servicios a la brasilera y la Moción del Día No 4710, del 14 de diciembre, (con la que se admite el pedido de vacancia presidencial) y el informe sobre la aplicación de las garantías del debido proceso al ámbito parlamentario de juicio político por infracción constitucional.

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