Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Vio Grossi, Eduardo Ferrer y Roberto Caldas participan en la audiencia sobre el indulto del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), en San José, Costa Rica. (Foto: AFP)
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Vio Grossi, Eduardo Ferrer y Roberto Caldas participan en la audiencia sobre el indulto del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), en San José, Costa Rica. (Foto: AFP)

La representación del Estado de Perú defendió hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y rechazó que se trate de una movida política.

"El indulto no es impunidad, la impunidad es la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori el Estado lo procesó, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima y ha cumplido casi la mitad de la misma", afirmó en la audiencia ante la Corte el agente del Estado Jorge Villegas.

El Gobierno peruano sostuvo que a Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes, y porque la prisión agrava la condición, que puede llegar hasta ocasionarle la muerte.

"El indulto no es un perdón de la pena, es una condonación de parte de los seres humanos. Los indultos no contravienen la convención, sostener lo contrario es sostener que un condenado por violación de los derechos humanos carece de ellos", destacó Villegas.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Enrique Mendoza, quien estuvo en la audiencia, dijo en un comunicado que el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, "actuó plenamente dentro de sus poderes presidenciales" al otorgar un .

"Es totalmente incorrecto decir que el fue motivado por consideraciones políticas de parte del presidente Kuczynski", destacó Mendoza ante la Corte.

Las declaraciones fueron dadas este viernes ante la  (CIDH) que escuchó a la representación del Estado de Perú, posteriormente a los representantes de las víctimas y además la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

La también condenó a Perú por estos casos en el 2001 por Barrios Altos y en el 2006 por la Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.

Por ello las víctimas consideran que el indulto es un incumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana.

Kuczynski otorgó el 24 de diciembre pasado un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años.

La defensa de las víctimas pidió ante la Corte que el fuera revocado, ya que lo consideran un acuerdo político bajo un contexto en el cual la bancada de la fracción legislativa fujimorista ha arrinconado al Gobierno porque cuenta con el control del parlamento.

Además, cuestionaron la legitimidad y legalidad del certificado de salud, ya que no cumple completamente las normas de ética y el trámite tiene una serie de vicios.

Ante estas acusaciones, el representante Villegas indicó que "el dolor de las víctimas, que el Estado respeta y que sus ciudadanos compartimos, las lleva bajo una teoría de conjura política cuyos fundamentos han sido debatidos".