Perú: presidente choca con Parlamento al borde del cierre

La presión del presidente Martín Vizcarra sobre el Congreso no cede en Perú.

Antes de que se iniciara un debate para discutir el paquete de leyes anticorrupción que el madatario exige aprobar, el primer ministro Salvador del Solar reiteró el martes la necesidad de que el Parlamento acepte las propuestas. De no hacerlo, según ha dicho el mismo mandatario, podría disolver el cuerpo legislativo gracias a un mecanismo previsto en el artículo 134 de la constitución.

De acuerdo con el ministro, las normas propuestas por Vizcarra buscan acabar con una costumbre enquistada en la política local que consiste en que constructoras poderosas financien campañas “con el objetivo de garantizar contratos que terminan en miles de millones en obras paralizadas”. Esta declaración alude a Odebrecht, la constructora brasileña que en el 2016 admitió haber pagado varios millones de dólares en sobornos a funcionarios de Latinoamérica para obtener contratos en obras de infraestructura.

El combate a la corrupción ha sido uno de los principales objetivos de Vizcarra aunque esta problemática se gestó mucho antes de que iniciara su gobierno. Los fiscales anticorrupción de los últimos tres años han colocado en el banquillo a cuatro expresidentes junto a cientos de poderosos de derecha e izquierda que jamás rindieron cuentas del manejo del dinero público en un país donde siete millones viven con apenas US$ 105 por mes.

La paciencia de Vizcarra se agotó cuando el Legislativo archivó hace dos semanas uno de los proyectos enviados para eliminar un privilegio de protección judicial de los congresistas, quienes sólo pueden ser enviados a la cárcel si el Parlamento lo autoriza. Este privilegio ha permitido que en los últimos dos años dos legisladores sentenciados por corrupción posterguen sus ingresos a la prisión y uno pueda incluso fugarse.

“¿Estamos de acuerdo con la corrupción que nos afecta, o la enfrentamos? ¿Estamos de acuerdo que el dinero sucio alimente campañas, o lo desterramos?”, dijo el martes el presidente en una actividad pública.

Si el Congreso no cediera ante sus demandas y Vizcarra lo disolviera, se convocaría a elecciones parlamentarias en los cuatro meses posteriores y no podrían postular los congresistas cesados. Los nuevos legisladores finalizarán su gestión el 28 de julio del 2021.

Los proyectos que Vizcarra intenta aprobar son: uno que busca que la inmunidad parlamentaria pueda ser retirada por la Corte Suprema, otro que las personas condenadas no puedan ser candidatos y un tercero en el cual cualquier peruano pueda participar en la elección de candidatos en primarias internas partidarias.

Las otras iniciativas buscan que se elimine el voto preferencial para que se garantice la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos y finalmente que se prohíba el uso de dinero sucio en las campañas electorales.

Vizcarra asumió el poder en el 2018 tras la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien está procesado por sus vínculos con Odebrecht, y finalizará en el 2021.