Perú condena "violencia y represión" de Policía nicaragüense contra civiles

El Gobierno de Perú condenó la "violencia y la represión" ejercida el sábado último por las fuerzas policiales nicaragüenses contra civiles que se manifestaban contra el presidente, Daniel Ortega.

El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró, en un comunicado emitido este lunes, que estas medidas "vulneran" el derecho fundamental de la población nicaragüense "a manifestarse de manera pacífica".

En esa línea, manifestó la "profunda preocupación" de Perú por considerar que estos hechos "atentan contra el objetivo de la comunidad internacional de encontrar una solución democrática" a la crisis política que enfrenta Nicaragua.

Perú también hizo un llamado a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país centroamericano, e hizo votos para el restablecimiento de diálogo democrático entre las partes.

La posición peruana mantuvo sus críticas al accionar represivo del gobierno de Ortega, tal como ya lo hizo en julio del 2018, cuando fuerzas policiales locales y grupos armados afines al gobierno atacaron a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y miembros de la Iglesia.

La violencia policial ejercida este sábado contra manifestantes opositores que pedían la liberación de "presos políticos" terminó con 107 detenidos, según datos de la Policía local, o 164 de acuerdo con el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco, que además reportó seis heridos a causa de los disparos realizados por los agentes.

Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.