El grupo de trabajo, encabezado por César Segura (Fuerza Popular), votó la acusación y el resultado fue de 8 votos en contra y 3 a favor. (Foto: USI)
El grupo de trabajo, encabezado por César Segura (Fuerza Popular), votó la acusación y el resultado fue de 8 votos en contra y 3 a favor. (Foto: USI)

En caso de aprobarse el proyecto de ley que presentará el presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República, el Ministerio Público pasará a manos de una Junta Transitoria de Fiscales para llevar a cabo la reorganización de la institución y tendrá como primera función elegir entre sus miembros al Fiscal de la Nación Transitorio.

¿Qué pasará con Chávarry?, pues el Fiscal de la Nación Transitorio asumirá las funciones y atribuciones del fiscal Pedro Chávarry, hasta la elección de un nuevo Fiscal de la Nación.

Dicha elección se realizará una vez cumplido el período de emergencia de nueve meses que establece el proyecto de ley que Vizcarra presentará hoy al Congreso.

La elección del Fiscal de la Nación Transitorio deberá seguir ciertos requisitos como cumplir las exigencias establecidas para ser un fiscal supremo y no estar involucrado en procesos penales, procedimientos administrativos disciplinarios o investigaciones en el Congreso de la República.

Asimismo, no deberá estar involucrado en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones.

El proyecto de ley establece que la Fiscalía Suprema de Control Interno y los respectivos órganos competentes, llevarán a cabo evaluaciones e indagaciones preventivas a todos los fiscales supremos titulares y provisionales.

“Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, la Fiscalía Suprema de Control Interno y sus respectivos órganos a nivel nacional, continúan cumpliendo las funciones señaladas en la normativa vigente”, dice el documento.

La implementación de lo establecido en el proyecto de ley se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público, en el marco de las leyes anuales de Presupuesto del Sector Público y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.