Susana Silva
Susana Silva

Por estos días, la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva, tiene una ardua tarea. Y es que, junto a su equipo, no solo revisa más de 11,500 declaraciones juradas de intereses de funcionarios del Ejecutivo, sino que alista unos cambios al registro de visitas para incluir las gestiones de intereses. Aquí los detalles.

¿La presentación de la declaración jurada de intereses es obligatoria?
Sí, es obligatoria para el Ejecutivo. No solo aplica para los ministros, viceministros y secretarios generales, sino también para los funcionarios que tenemos capacidad de decisión y manejo de recursos.

¿Y qué pasa con las otras instituciones públicas?
Dentro de poco se conocerán noticias que harán obligatoria la presentación de este documento para gobiernos regionales y locales. No obstante, ya hay varias regiones y municipalidades que se sumaron.

¿Cuáles son?
Ya lo hizo La Libertad, mientras que Lambayeque lo hará pronto. A nivel de Lima Metropolitana, el primer distrito fue San Luis, y luego Pueblo Libre. Tengo entendido que la Municipalidad de Lima ya lo está haciendo.

Unos 11,200 funcionarios ya presentaron este documento. ¿Cuántos faltan?
De acuerdo a la página web, se colgaron 11,595 declaraciones. Estimo que vamos a llegar a recibir unas 13,500 declaraciones, porque en algunos casos hemos tenido problemas con el DNI de los funcionarios.

Es decir, ¿aún falta que unos 1,900 funcionarios entreguen esta información?
Sí, aproximadamente. Hay algunos que han tenido problemas con el DNI, pero nosotros estamos recordándoselos.

¿Y ya han encontrado algún hecho irregular?
No, ahora estamos haciendo seguimiento. Pero en agosto, al cumplirse un año de la emisión de la norma, haremos un balance. Estamos en pleno proceso de consolidación, todavía no hemos analizado la información.

¿Si encuentran alguna irregularidad presentarán denuncias?
Nosotros cotejamos la información, y de encontrar algo lo remitimos a la secretaría técnica de procedimientos administrativos disciplinarios, la Procuraduría y a la Contraloría, a través de las OCI. No tenemos capacidad para denunciar e investigar.

¿Se ha pensado hacer cambios al registro de visitas de funcionarios?
Lo que estamos haciendo en este momento es cambiar todo el sistema de registro de visitas. Se va a suprimir el motivo de la visita.

¿Cómo así?
Antes en el registro se consignaba si el motivo de la visita era institucional, etcétera. Lo que buscamos es que se evidencien las gestiones de intereses. En el registro se va a incluir la expresión y el visitante tendrá que responder sí o no.

¿Luego de ello qué procede?
Inmediatamente, el funcionario que lo recibe activa una casilla en la que tendrá que consignar los datos del visitante, si es una persona natural o si fue en representación de una persona jurídica, sus propios datos y la sumilla del acto de gestión de intereses.

¿Y qué pasaría si miente?
Acá viene el criterio del funcionario, quien tendrá que identificar si la reunión era o no una gestión de intereses. Este tiene que reportarlo. Si no lo hace, se aplicará una sanción administrativa.

¿Cuándo estará listo?
Ya hemos terminado el proceso de reglamentación y falta que se apruebe o expida. Espero que el reglamento se apruebe en menos de dos semanas.

Una vez que se apruebe el reglamento, ¿cuándo podría estar aplicándose?
Este año sí o sí. Una vez que se aprueba, tenemos que contar unos seis u ocho meses por la marcha blanca. A fines de noviembre estaremos implementando todo. En octubre ya vamos a estar vigilando y será la Autoridad de Transparencia la que hará el monitoreo.