Redacción Gestión

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  • -* El cerco judicial se estrecha en torno al conservador Partido Popular de , sumergida en una serie de escándalos de corrupción que hace aún más difícil su permanencia en el poder.

"En este país lo único que funciona es la corrupción", dice a su hijo una exconcejal del PP en Valencia, en el este del país, explicándole que le pidieron trasferir mil euros al partido que le fueron reembolsados en efectivo, un sistema para blanquear fondos de origen ilícito.

Asimismo, las e incluidas en un sumario judicial sobre una presunta trama de trucaje de adjudicaciones públicas en el ayuntamiento valenciano, bastión de la derecha española durante 24 años.

Algunos empresarios pagaron comisiones ilegales que habrían servido para financiar al .

En la conversación da a entender que el blanqueo respondía a una petición de la secretaria de la excaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá, figura emblemática del partido conservador.

La senadora indicó que no había cometido ningún delito y denunció que estas insinuaciones son "infundadas".

Limpiar su casaEl salió a la luz a finales de enero, dos semanas antes que la sede del PP en Madrid fuese registrada por la policía y su presidenta regional, Esperanza Aguirre, decidiese dimitir a raíz de la imputación de varios de sus colaboradores.

Dos nuevos escándalos estallaron tras las legislativas del 20 de diciembre, en que pero muy lejos de la mayoría absoluta.

Por otro lado, la mitad de dichos casos permitieron malversar al menos 8.000 millones de euros de dinero público, afirman sus autores.

"En , son 20 años de mayorías absolutas" del PP, lo que ha generado "tramas que creen que pueden contar con cierta impunidad", explicaba recientemente a la AFP un legislador del Partido Popular que pidió el anonimato.

La legislación española sólo penaliza la financiación ilegal de los partidos desde 2015.

Los electores castigaron a los conservadores en las elecciones regionales y municipales de 2015, en las que perdieron su poder en cinco regiones, encabezadas por Valencia.

Pero Rajoy, , se niega a asumir la reponsabilidad política de la corrupción, limitándose a reconocer que podría haber luchado contra ella de forma "más eficaz".

En ese sentido, el líder conservador mantuvo su candidatura para dirigir el gobierno y, públicamente, sus tropas lo apoyan. Sólo el expresidente regional de Murcia (sureste), Alberto Garre, se atrevió a decir publicamente "todo pasa por que Mariano Rajoy dé un paso atrás, por España y por el propio Partido Popular".