Uno de los debates claves en torno a la solicitud de facultades ha sido el fortalecimiento de la (UIF). El dictamen de la Comisión de Constitución, que hoy se debate y vota, contradice la postura que la semana pasada asumiera el grupo de Justicia, que rechazó las nuevas atribuciones que el Ejecutivo propone.

El dictamen da el visto bueno para otorgar facultades al Gobierno, pero, tal como lo adelantara Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, se han hecho ciertas modificaciones en el texto original.

Los cambiosUn punto crucial es que la no podrá compartir su información de inteligencia con la y el , como lo planteaba la solicitud del Ejecutivo, a fin de que los organismos electorales puedan combatir el dinero ilícito en las campañas, así como eventuales desbalances patrimoniales de los candidatos.

En la página 116 de la justificación de motivos del dictamen se indica que fue la propia ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, la que se mostró a favor de que se modifique la solicitud. La modificación va en el sentido de que no sea la UIF la que comparta información con los organismos electorales, sino que sean estos los que le proporcionen información.

Logro con candadosLo que sí lograría el Ejecutivo, pese al primer rechazo de Fuerza Popular y el Apra, es que la sí tenga acceso al secreto bancario y la reserva tributaria, tal como sucede en toda la región.

Incluso, durante el debate de este punto, la semana pasada, el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, ya había defendido la necesidad de que su institución pueda tener acceso a ambos documentos, por encima de la necesidad de darles información a los organismos electorales.

No obstante, en el dictamen se precisa que el acceso de información financiera solo será posible con la autorización de un juez. Este detalle ya estaba incorporado en el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, se precisa que solo será un juez competente, por lo que no podrá hacerlo un juez ad hoc ni "ninguna figura especializada"que se cree en el futuro.

También se precisa que la UIF podrá acceder a la información solo en casos de delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento de terrorismo yterrorismo.

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