(AFP).- El Parlamento de votó a favor de celebrar un referendo de a más tardar en setiembre del 2017, redoblando su pulseada con el gobierno español.

La cámara, dominada por los independentistas, apoyó con una mayoría de 72 votos (sobre un total de 135) la propuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, de celebrar esta consulta con o sin la autorización del gobierno español.

La votación de este jueves aparece como un nuevo desafío a la justicia española, que horas antes cargó contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otro dirigente de la coalición en el poder regional, Francesc Homs.

Concretamente, el Tribunal Constitucional pidió a la fiscalía del Estado que, si lo considera pertinente, emprenda "acciones penales" contra Forcadell, por permitir que se tramitara el 27 de julio en la cámara un plan secesionista.

Por su lado, el Tribunal Supremo emprendió trámites para "proceder penalmente" contra Homs.

Según el Supremo, Homs habría cometido delitos de desobediencia y prevaricación (emprender una acción a sabiendas de que es improcedente) al promover una consulta independentista en el 9 de noviembre del 2014, que no tuvo validez legal porque el Constitucional se la negó.

Esta misma consulta ha llevado esta semana a la fiscalía española a pedir diez años de inhabilitación en cargos públicos para el entonces presidente de , Artur Mas.

La votación de este jueves contó con el apoyo de la coalición en el poder Juntos por el Sí, compuesta por el Partido Democráta Catalán (PDC, conservador) y Esquerra Republicana de Catalunya.

Igualmente, votó a favor el pequeño partido independentista y anticapitalista CUP.

Pese a su interinidad tras nueve meses de cuasi parálisis política en , el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy está bloqueando judicialmente a través del Tribunal Constitucional todos los pasos de las instituciones catalanas hacia la secesión.

El resto de los principales partidos españoles también rechaza la autodeterminación. El partido de izquierda radical Podemos apoya la celebración de un referendo, pero pactado con Madrid, y que por lo tanto sea "útil, con garantías y reconocimientos", como dijo este jueves su representante, Jessica Albiach.