Congresistas consideran que la Fiscalía intentaría ejercer presión política y amedrentamiento en contra de los congresistas.
Congresistas consideran que la Fiscalía intentaría ejercer presión política y amedrentamiento en contra de los congresistas.

Tras el anuncio del , sobre iniciar diligencias preliminares contra los congresistas “que puedan resultar responsables de haber cometido algún delito” por no haber acatado la resolución judicial que ordenaba suspender provisionalmente el proceso de elección de los nuevos miembros del , desde el Parlamento calificaron este hecho como una presión política y amedrentamiento a los legisladores que solo ejercen su función.

Para César Combina, vocero de Alianza para Progreso (APP), la Fiscalía no puede investigar a un congresista por supuestamente haber cometido un delito dentro de sus funciones porque para eso debe solicitarse primeramente el levantamiento del antejuicio político que es la inmunidad parlamentaria.

“Si la Fiscalía desea continuar con esta situación van a pasar seguro algunos años antes de poder tener una acusación judicial, pero incluso con una acusación judicial se caería en una situación de inconstitucionalidad porque la misma Constitución prevé que los congresistas no pueden ser juzgados por opiniones y votos dentro de sus funciones. Aquí no se ha elegido fuera del Congreso, y todo tiene una protección constitucional que no puede ser violada por un fiscal o juez. Es una presión política contra los congresistas que han continuado con el proceso de selección de tribunos”, dijo.

Asimismo, Combina recalcó que la demanda de amparo contra el Congreso para detener la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional ha generado un mal precedente que no solo se repetirá contra el próximo Congreso sino contra otros poderes del Estado como el Ejecutivo.

Leonardo Inga, congresista de Acción Popular, aseguró que es un despropósito que la Fiscalía pretenda investigar a los parlamentarios por sus votos y opiniones en el proceso de selección de los magistrados del TC que reemplazarán a los seis que tienen mandato vencido.

“No nos pueden decir que hemos desacatado la autoridad, porque la jueza que resolvió la demanda de amparo para frenar la elección de tribunos cometió prevaricato. El Congreso solo ha defendido sus fueros y sus funciones constitucionales. A ninguno de nosotros nos han notificado sobre estas diligencias que anuncia el Ministerio Público”, precisó.

Se desconoce el equilibrio de poderes

Por su parte, Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución del Legislativo, señaló que la Fiscalía estaría actuando sin conocer el artículo número 99 que dicta la Carta Magna y que señala que los parlamentarios gozan de antejuicio político como altos funcionarios.

“Para que un parlamentario sea investigado por el Ministerio Público por un acto de función como votar en una sesión tiene que autorizarlo primero, la Comisión Permanente del Congreso y segundo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. No tenemos inmunidad para delitos comunes, en ese aspecto somos ciudadanos como cualquiera. No nos pueden investigar judicialmente y penalmente sin cumplir con la Constitución. Los congresistas tienen prerrogativas de altos funcionarios como el presidente de la República, la fiscal de la Nación y el titular del Poder Judicial”, explicó.