La Oficina Nacional de Procesos Electorales () pidió incorporar en el Presupuesto 2017 el importe de S/ 14'813,498.56 para hacer efectiva la entrega del financiamiento público directo a seis organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República, de conformidad a la Ley de Organizaciones Políticas.

Dichos recursos solo podrán destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y para solventar sus gastos de funcionamiento ordinario, es decir, los destinados a costear los bienes y servicios relacionados a las necesidades operativas y administrativas del .

"Estos recursos constituyen una inversión, no un gasto, para el necesario fortalecimiento de las organizaciones políticas. Esto debe ser entendido como una inversión en democracia y de ninguna manera se podrá usar para actividades de campaña", manifestó el jefe de la ONPE, Mariano Cucho.

Indicó que el proyecto del Presupuesto del Sector Público para el 2017, que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso, no ha considerado los recursos para hacer efectivo dicho financiamiento, por lo que pidió al Legislativo incorporar este concepto.

El financiamiento público directo no había sido entregado hasta la fecha, por haber estado supeditado a la disponibilidad de la caja fiscal.

Sin embargo, el 17 de enero de este año el Congreso promulgó la Ley N° 30414, que modificó la Ley de Organizaciones Políticas, y que establece que esos recursos se otorgarán a partir del 2017, para lo cual el MEF deberá adoptar la previsión y acciones necesarias para su cumplimiento.

De acuerdo al artículo 29 la Ley de Organizaciones Políticas, el Estado debe destinar con ese fin el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (S/ 3.95) por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.

La transferencia de estos recursos públicos se debe realizar a razón de un quinto por año, distribuyéndose 40% en forma igualitaria entre todas las organizaciones políticas con representación en el Congreso; y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos para el Legislativo.

De acuerdo a lo dispuesto en la ley, durante todo el quinquenio corresponderá destinar más de S/. 74 millones para los cuatro partidos y dos alianzas electorales que obtuvieron escaños en el parlamento.

En América Latina, son varios los países en los que existe financiamiento público para el fortalecimiento y desarrollo institucional de los partidos políticos como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Chile, Uruguay, entre otros.

Las excepciones son los casos de Bolivia y Venezuela.