Los fiscales habían presentado una impugnación a la decisión de Pedro Chávarry. (Foto: Rolly Reyna/GEC)
Los fiscales habían presentado una impugnación a la decisión de Pedro Chávarry. (Foto: Rolly Reyna/GEC)

Este jueves se oficializó a través de la resolución suprema del Ministerio Público, la permanencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el Equipo Especial del Caso Lava Jato.

Según explica la resolución publicada hoy, para tomar la decisión se consideró la "declinación irrevocable" de los fiscales Frank Robert Almanza Altamirano y Marcial Eloy Páucar Chappa a asumir como los reemplazos en el equipo especial.

"Considerando que en la fecha los señores Fiscales Frank Robert Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar Chappa (...) han formulado su declinación irrevocable a los cargos designados (...) en razón que “el 01 de enero del año en curso se ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para declarar en Emergencia al Ministerio Público, así como adoptarse medidas para intervenir a la institución”, lo que implicaría, conforme exponen, “la pérdida de autonomía e independencia para el cumplimiento de sus funciones en la investigación del Caso Odebrecht, que es el caso de corrupción más grande en la historia del país”; por lo que se deben adoptar las acciones que corresponda", sostiene el documento.

Asimismo, se agrega que la decisión se ha tomado "a efecto de mantener la continuidad de las investigaciones a cargo del Equipo Especial de Fiscales".

Por los dos motivos arriba expuestos, se resuelve dejar sin efecto la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°4853-2018-MP-FN del 31 de diciembre de 2018, en la que se remueve a Rafael Vela y José Domingo Pérez, "en todos sus extremos".

Como se recuerda, el último miércoles el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció su decisión de dejar sin efecto la remoción de Vela y Pérez del Equipo Especial.

Esta decisión fue confirmada el 2 de enero, cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, se dirigía al Congreso a presentar un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Ministerio Público.