Caracas, (Reuters).- Líderes del partido gobernante dijeron el jueves que introdujeron demandas en tribunales de al menos cuatro estados de buscando bloquear el proceso para activar un referendo este mismo año que decida si revocar el mandato del presidente .

La medida se da en la misma semana en que la oposición dijo estar lista para recoger a finales de octubre las firmas que exige el árbitro electoral como último trámite en el proceso de convocatoria de una consulta popular de este tipo.

"Un tribunal admitió la demanda y suspendió el referéndum aquí en Monagas", anunció , el segundo al mando del partido del Gobierno socialista.

"También lo hicieron en Aragua, Apure y Carabobo. En el resto de los estados se verá si procede o no procede", agregó en un acto político transmitido por la televisión estatal.

No quedó inmediatamente claro si esos jueces de instancias regionales admitieron las demandas y pueden bloquear el proceso que está en marcha para llamar a una consulta nacional.

Los gobernadores oficialistas de esos estados confirmaron en las redes sociales que en sus regiones se habrían activado procedimientos legales contra la alianza de partidos de oposición que promueve el referendo.

y sus seguidores han denunciado irregularidades en la primera recolección de firmas que hizo la oposición para activar el en su contra, y acudieron a la justicia para pedir investiguen lo que consideran es un fraude.

El máximo tribunal del país dictó a principios de semana una sentencia que obliga a los solicitantes del referendo reunir firmas equivalentes al 20 por ciento de los votantes "en todos y cada uno de los estados" de , confirmando las condiciones que fijó el árbitro electoral.

La oposición también afirma que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está dilatando intencionalmente el referendo para evitar que se produzca este año, pues de convocarse en 2017 y conseguir el apoyo de la mayoría, sería el vicepresidente quien quedaría al mando del gobierno hasta el fin del período.

El árbitro electoral, sin embargo, ha dicho que cumple con los plazos legales y que la consulta se llevaría a cabo el primer trimestre de 2017.