Odebrecht, la pesadilla de cuatro expresidentes de Perú

Ninguno se salva. Las investigaciones de corrupción en Perú que han sido ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado cárcel, fugas, prohibición de abandonar el país o pedidos de asilo en los cuatro presidentes que gobernaron los últimos 18 años.

“La corrupción no ha reconocido ningún tipo de ideología”, dijo Samuel Rotta, director ejecutivo del capítulo peruano de Transparencia Internacional en referencia al centrista Alejandro Toledo (2001-2006), el derechista Alan García (2006-2011), el izquierdista Ollanta Humala (2011-2016) y el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), todos bajo pesquisas fiscales preliminares ligadas a la corrupción que desplegó Odebrecht mientras realizaba grandes obras de infraestructura.

Alejandro Toledo, el economista de 72 años que llegó al poder como el líder que sacó a Perú de una década de corrupción en los 90, está prófugo desde el 2017 mientras se busca su extradición desde Estados Unidos.

La fiscalía lo investiga por supuestamente recibir US$ 20 millones de Odebrecht para ayudar a obtener una licitación y construir una vía clave que une el Estado brasileño de Acre y la costa del Pacífico de Perú. Tiene otra investigación por supuestamente recibir otros US$ 3.9 millones que la constructora brasileña Camargo Correa le otorgó para construir otro tramo de la misma carretera.

Alan García, el abogado de 69 años que el sábado ingresó en busca de asilo a la embajada de Uruguay en Lima, está investigado por lavado de activos y colusión agravada. La fiscalía lo acusa de recibir US$ 100,000 de Odebrecht que provendrían de un fondo de dinero sucio que la constructora usaba para pagar sobornos en todo Latinoamérica. García niega tal versión y afirma que recibió el dinero por una conferencia que realizó en Sao Paulo en el 2012.

Ollanta Humala, el militar retirado de 56 años, y su esposa Nadine Heredia afrontaron nueve meses de cárcel en dos prisiones diferentes que abandonaron en abril del 2018 aunque siguen investigados. La fiscalía afirma que Odebrecht le otorgó US$ 3 millones para su campaña presidencial del 2011, con la que Humala llegó al poder. El expresidente niega las acusaciones fiscales.

Pedro Pablo Kuczynski, el exbanquero de Wall Street de 80 años que renunció en marzo pasado cuando el parlamento opositor se preparaba para destituirlo debido a mentiras sobre sus nexos con Odebrecht por casi dos décadas, tiene una prohibición de abandonar el país mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos tras supuestamente recibir US$ 300,000 de la constructora brasileña para su campaña presidencial del 2011, en la que perdió frente a Humala.

En el 2016 Kuczynski pudo ganar los comicios presidenciales por una leve ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, quien se convirtió en la mujer más poderosa de la política peruana porque su partido dominó de forma abrumadora el parlamento unicameral peruano.

No obstante, el poder de Keiko, de 43 años, se desvaneció de forma paulatina mientras avanzaba una investigación fiscal por presuntamente lavar US$ 1.2 millones de Odebrecht que presuntamente recibió para su campaña presidencial del 2011.

En octubre la hija del expresidente Alberto Fujimori fue encarcelada de forma preventiva por 18 meses. Terminó en la misma celda que albergó un año antes a la esposa de Humala en una prisión femenina de Lima.

De acuerdo con encuestas realizadas por Transparencia Internacional en Perú aún existe “una sensación de impunidad muy grande”, dijo Rotta.

“El hecho de tener a los más altos dirigentes políticos, hayan sido gobierno o no, sentados en el banquillo de los investigados y algunos de ellos entrando a prisión como Humala o Alan García tratando desesperadamente de fugarse... creemos que eso puede generar un cambio en la forma de entender la impunidad por parte de los peruanos”, indicó.

En el 2016, Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos US$ 800 millones en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo US$ 29 millones a los gobiernos de Perú.