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El Poder Judicial declaró fundada, esta tarde, la solicitud del Ministerio Público y dispuso la incautación de S/ 30 millones que la constructora Odebrecht entregó al Estado peruano a inicios del año 2017, como devolución de parte de las ganancias ilícitas obtenidas por actos de corrupción.
Esta decisión fue tomada por el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a solicitud del Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, que actualmente coordina el fiscal superior Rafael Vela.
“Autorícese a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial la ejecución de la medida, sin perjuicio del emplazamiento al afectado con la medida, una vez se ejecute, dando cuenta a este despacho judicial”, se lee en la resolución, que también dispone que se oficie al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Como se recuerda el dinero se encontraba depositado en una cuenta del Banco de la Nación, cuyo titular es el Pronabi.
El documento también informa que el pedido de la fiscalía fue presentado el viernes 17 de agosto. Este se justificaba en la necesidad de tomar acciones con el fin de asegurar de manera adecuada la cantidad de dinero con procedencia ilícita para su decomiso.
La resolución también recuerda que el dinero fue entregado por la constructora brasileña Odebrecht en el marco de la instauración de un proceso especial de colaboración eficaz, motivo por el cual el 4 de enero del 2017 se suscribió un convenio preliminar con el Ministerio Público con el entonces encargado del Equipo Especial, Hamilton Castro.
Odebrecht entregó S/15 millones, como parte de ese convenio, en un primer depósito realizado el 11 de enero del 2017. La otra mitad fue depositada el 8 de febrero del mismo año. Ambos en la misma cuenta de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo beneficiario final fue el Pronabi.