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La fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, respondió al pedido de la procuradura ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien le solicitó en cartas del 6 y 7 de febrero incluir a Odebrecht y sus exdirectivos, como Jorge Barata, en la investigación, en el marco de la demanda al Estado ante el Ciadi por el GSP (Gestión 11.02.2020).
En el documento, Carrión pidió incluir en la investigación a la empresa Gasoducto Sur Peruano, el consorcio que ganó en el 2014 el concurso para la construcción de las obras del proyecto de gas, así como de Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, una empresa de Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.
El viernes 7, Silvana Carrión remite un segundo oficio, esta vez solicitó que se reincorpore en la investigación a los exdirectivos de Odebrecht Jorge Simoes Barata, Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis César Lindgren, Flavio Bento de Faria, Luis Fernando Castro y Claudia Hokama Kuwae.
Barata, Demoro, Lidgren y Bento de Faria fueron investigados, por el presunto delito de colusión, desde el 3 de febrero del 2017, pero este proceso fue archivado cuando se inició la negociación del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht.
La respuesta fiscal
En la resolución de formalización de la investigación del caso Gasoducto, la fiscal afirma que Odebrecht y Barata se ratificaron respecto a los pagos ilícitos y las reuniones que ocurrieron con Heredia y otros funcionarios del Gobierno de Humala en la concesión del Gasoducto.
Además, Mori señala que corresponde que el despacho del fiscal José Domingo Pérez se encargue de corroborar la información entregada por la constructora y sus exdirectivos y valorará su utilidad por lo que, por ahora, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el pedido de la Procuraduría ad hoc.
Sin embargo, la magistrada sostiene que ya envió el 10 de enero toda la información que tiene sobre el Gasoducto a Sicreci (MEF) para defensa del Estado ante la demanda. Revela que envió copias certificadas de las instrumentales que obran en la carpeta fiscal y lo seguirá haciendo en aras de cautelar los intereses del Estado.