Según la investigación fiscal, Gonzalo Monteverde y su entorno recibieron un poco más de US$29 millones de Odebrecht. (Foto: EFE)
Según la investigación fiscal, Gonzalo Monteverde y su entorno recibieron un poco más de US$29 millones de Odebrecht. (Foto: EFE)

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público de confirmación de incautación contra Gonzalo Monteverde, María Carmona y otros involucrados en el Caso Odebrecht.

Dicha instancia aceptó la incautación de una computadora, un MacBook y dos USB. Sin embargo, rechazó el decomiso del teclado y un accesorio "porque no tiene mayor sentido de lo que pueda obtenerse" a partir de ambos.

Como se recuerda, Monteverde, quien sería el presunto operador financiero de la constructora brasileña en el Perú, es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

Cabe indicar que la incautación en la vivienda de Monteverde se llevó a cabo el 24 de mayo, luego de un primer allanamiento de documentos y otros realizado el pasado 24 de febrero en La Molina.

Un segundo allanamiento fue aprobado por el Poder Judicial el pasado 5 de marzo. Esta vez en la empresa Cementerios Centrales, en el distrito de El Agustino, y que es propiedad de Monteverde.

Según el representante del Ministerio Público, la finalidad fue recabar la mayor cantidad de elementos de convicción que pudieran ser utilizados en la investigación y permitan el esclarecimiento de los hechos.

Según la tesis fiscal, Monteverde y su entorno recibieron más de US$ 29 millones, que fueron usados para las coimas que entregó la constructora brasileña durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Como se recuerda, el pasado 23 de febrero el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la detención preliminar de Monteverde Bussalle por el presunto pago de coimas de Odebrecht.

La medida judicial también incluyó el allanamiento de los inmuebles de los investigados. Al respecto, Monteverde rechazó que sus empresas hayan servido para realizar pagos de presuntas actividades ilícitas.