Los procuradores ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez y Silvana Carrión. (Foto: GEC)
Los procuradores ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez y Silvana Carrión. (Foto: GEC)

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó a Gestión que, hasta el momento, el Estado ha cobrado S/ 712 millones entre reparaciones civiles e impuestos, como parte de las obligaciones de pago de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo a información compartida por la entidad, se trata de S/ 65 millones por la reparación civil de la carretera Chacas - San Luis; S/ 80 millones como primera cuota de S/. 610 millones por reparación civil más los intereses legales del acuerdo con Odebrecht y S/ 567 millones en impuestos a Sunat.

Respecto a la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla, la Procuraduría informó que se vendió en US$ 638 millones

De ello, la mitad fue para pagar las acciones del proyecto prendadas con bancos extranjeros y acreedores, de lo contrario no iban a autorizar la venta.

Al fideicomiso de la Ley 30737 ingresó la otra mitad: US$ 319 millones (S/. 1,050 millones aproximadamente).

Este dinero se sumó a otras retenciones menores que se le hizo a las empresas del grupo Odebrecht, en el marco de dicha ley y del Decreto de Urgencia 003-2017.

Sobre el dinero devuelto a Odebrecht, la defensa del Estado manifestó que se liberó US$ 132 millones (S/. 440 millones aproxidamente) del saldo de la venta de Chaglla, debido al beneficio otorgado por la Fiscalía de eximir a la empresa de la Ley 30737, en mérito a su colaboración con información y pruebas relevantes.

Habrá otro fideicomiso

Tal como establece el acuerdo firmado con Odebrecht, se creará un nuevo fideicomiso de garantía para asegurar el resto de cuotas de la reparación civil y estará custodiado por Cofide. .

Es decir, a Odebrecht se le retendrá un porcentaje de sus ingresos por contratos públicos y privados, venta de activos y dividendos.

El nuevo fideicomiso iniciará con S/ 30 millones para asegurar segunda cuota y parte de la tercera cuota de la reparación civil.

Un aspecto importante de este esquema de aseguramiento es que la empresa siga operando en el país y continúe aportando información para las acusaciones y cobro de reparaciones civiles.


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