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La gestión del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, permitió que la constructora brasileña OAS gane S/16 millones en peajes de la Línea Amarilla entre los años 2014 y 2016, según revela la investigación de la fiscal Milagros Salazar del Equipo Especial Lava Jato.
De acuerdo a la resolución de pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Luis Castañeda, José Luna y Giselle Zegarra al que accedió Gestión, la fiscal señala que el municipio “benefició irregularmente” al concesionario Lamsac con US$ 5´720,944.63 o S/ 16´018,644.97 por tarifas reajustadas de peajes que iban contra las condiciones del contrato.
Salazar afirma en el documento que todo empezó con el reajuste de la tarifa de peajes que realizó Domingo Arzubialde, exfuncionario de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima.
“Lamsac mediante carta de fecha 07.02.2013, comunicó a Domingo Arzubialde, Gerente de GPIP de la MML, el resultado de la aplicación de la fórmula de reajuste tarifario, el cual equivalía a S/. 3.30 sin IGV y S/. 3.90 con IGV, tomando como base para ello el 100% de la variación del IPC (índice de precios al consumidor), e indicando que dicho monto será cobrado a partir de la fecha de inicio de explotación del proyecto”, se lee en el oficio.
La fiscal agrega que el 12 de agosto de 2013, Lamsac modificó nuevamente la tarifa de peaje indicando que a la fecha aún no había iniciado la explotación del proyecto, el cual probablemente se iba a realizar en agosto de 2013.
“Para este segundo reajuste tarifario el concesionario también tomó como base el 100% de la variación del IPC. Siendo que, la nueva tarifa de peaje establecida por Lamsac era por la suma de S/. 4.00 con IGV”, explica la magistrada.
Más alza de peajes
Ya en la gestión de Luis Castañeda, el 5 de febrero de 2015, Lamsac comunicó al entonces gerente de Promoción de la Inversión Privada, Jaime Villafuerte Quiroz, un nuevo reajuste tarifario, utilizando para ello la misma fórmula de Domingo Arzbubialde que no correspondía.
Ahora, Lamsac iba a empezar a cobrar S/4.50 el peaje hasta el 30 de enero de 2016 y la Municipalidad de Lima no se negó.
El siguiente aumento a la tarifa del peaje vino al mes siguiente. No obstante, aquí la fiscal advierte un detalle. Invermet emitió un oficio el cual concluyó que los reajustes tarifarios realizados el 2013, no se sujetaban a los términos contractuales.
En dicho documento, se reportó que Lamsac cobró en exceso S/ 28 millones, desde el 5 de octubre de 2013 a diciembre de 2015, por lo que recomendó que no se debe aplicar otro reajuste tarifario.
Pese a ello, Jaime Villafuerte y Carlos Damiao Moreno Tavares, Gerente General de Lamsac hicieron caso omiso. Ambos suscribieron el “Acta para la Implementación del Incremento Tarifario” correspondiente al mes de febrero mediante el cual el concesionario proponía a concedente la aplicación del reajuste tarifario en dos tramos.
"Asimismo, en dicha acta las partes precisaron que el concedente no iba a aplicar al Concesionario la penalidad prevista en la cláusula 9.13, por la omisión en el cobro de la Tarifa reajustada durante el periodo comprendido entre la suscripción del acta y la aplicación de la tarifa reajustada equivalente a S/. 5.30”, reza el documento.
El aporte de OAS
La fiscal Milagros Salazar tiene la hipótesis de que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, habría “entregado” los peajes a la constructora OAS, gracias al aporte de US$ 480 mil que dio la brasileña para su campaña municipal de 2014.
“Luis Castañeda Lossio, Martín Bustamante Castro , Jose Luna Gálvez, Lucy Gisell Zegarra Flores, Jaime Villafuerte Quiroz y otros habrían integrado una organización criminal lidera por Castañeda Lossio que se habría concertado con una empresa internacional liderada por los representantes de OAS y Odebrecht, para la ejecución del plan de sobornos en el marco de contrataciones públicas realizadas en diversos países, entre ellos el Perú, con el fin de sobornar funcionarios y candidatos políticos a nivel de América del Sur y Centro América, a través de un área específicamente diseñada para tal ilícita finalidad como lo fue la Controladoría (OAS) y la División de Operaciones Estructuradas (Odebrecht)”, indica en la resolución.