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Los nueve elementos presentados por la fiscalía en contra de las exsocias de Odebrecht

El fiscal Hamilton Castro, encargado de las pesquisas del caso, fundamentó el pedido de prisión preventiva contra cinco ejecutivos con los estados financieros auditados de las exsocias de la brasilera en la carretera Interoceánica. 

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Durante la audiencia de prisión preventiva contra los representantes legales de la exsocias de Odebrecht en la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3, el fiscal responsable del caso, Hamilton Castro, enumeró nueve elementos de convicción que sustentan el pedido de prisión preventiva por 18 meses.

¿Cuáles son? El primero es la transcripción de la declaración del colaborador eficaz y exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, respecto al pago indebido al expresidente, Alejandro Toledo.

“Cuando la fiscalía le tomó la declaración a Barata en el marco del proceso especial de colaboración eficaz, abordó varios temas y uno de ellos fue el de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3. Así en la pregunta número 13 se le preguntó sobre el grado de intervención en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las empresas consorciadas y este respondió que el pago fue por Odebrecht, pero que el resto de las empresas sí tenían conocimiento, pero no detalles del acuerdo”, explicó Hamilton Castro.

Agregó que otra pregunta a Jorge Barata fue respecto a con qué personas de las empresas consorciadas se abordó el tema el pago ilícito por la Interoceánica.

Sobre el particular este dijo – advirtió el fiscal Castro – “con los miembros del directorio que en esa época eran Fernando Castillo, el dueño de ICCGSA, Fernando Camet de JJC y José Graña Miró Quesada de Graña y Montero, con los que conversé personalmente en las oficinas de Odebrecht”.

El magistrado también precisó que Barata confesó al Ministerio Público cómo recuperaron los US$ 20 millones transferidos a Alejandro Toledo y este le dijo que “el proyecto tuvo una utilidad de US$ 80 u US$ 90 millones, entonces de esta utilidad se saca, esto se puede comprobar en los estados auditados”.

El segundo elemento de convicción es el informe pericial realizado por los auditores del Ministerio Público. Los que – afirmó Castro – llegaron a cuatro conclusiones. Estos son: identificaron las empresas integrantes del consorcio Interoceánica y determinaron el porcentaje de participación societaria.

“El grupo Odebrecht tenía una participación de 70%. Luego Graña y Montero de 19%, JJ Camet 7% e ICCGSA, 4% en Interoceánica tramo 2 y 3. En Conirsa, el grupo Odebrecht tuvo el mismo nivel de participación – entre el 2006 y 2011 – al igual que el resto de socias. Bajo este porcentaje se debieron repartir las utilidades”, dijo.

Los peritos del Ministerio Público – advirtió Castro – también evaluaron la información contable y financiera de la repartición de dividendos, logrando identificar y cuantificar el destino de los fondos bajo la forma de riesgos adicionales.

“Se ha determinado pericialmente que estas empresas han cedido al grupo Odebrecht S/ 41’439,000 bajo el disfraz de riesgos adicionales, lo que hace un total US$ 15´083,805”, precisó.

El fiscal advirtió que los peritos de la fiscalía identificaron que era la figura de “riesgos adicionales”.

“Las empresas debieron haber efectuado – han establecido los peritos – la previsión contable correspondiente respecto al concepto de riesgos adicionales, de manera proporcional durante el 2006 al 2011, debieron identificar y sustentar con documentación fehaciente los gastos y costos que dieron origen al concepto de riesgos adicionales, así como los importes, cosa que no ocurrido”, fundamentó Castro.

El último hallazgo de los peritos de la fiscalía es que sí que los riesgos adicionales corresponden a una adecuada aplicación empresarial.

“Los peritos concluyeron que no existe, ni se evidencia desde una perspectiva económica, financiera y contable que el concepto de riesgos adicionales corresponda a una adecuada aplicación en la actividad empresarial ya que no se ha generado los elementos sustentatorios para la trazabilidad correspondiente”.

El tercer elemento de convicción es el acta general de la Junta General de Accionistas de Conirsa SA, del 1 junio de 2011, en la que se indica se reunieron los accionistas por Odebrecht, Jorge Barata, por Graña y Montero, Hernando Graña Acuña, JJ Camet, Fernando Camet Picone y por ICCSSA, José Castillo Dibós.

“En esa junta el presidente propuso que, dado que Odebrecht había asumido riesgos adicionales por la ejecución de las obras, correspondía que esta reciba un mayor porcentaje de las utilidades. Similar situación se presentó en la Junta General de Accionista de la Concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 y en la Junta General de Accionista por el tramo 3”, indicó el fiscal Castro.

El cuarto elemento de convicción son los estados financieros de las empresas del Consorcio Interoceánica tramo 2; Consorcio Interoceánica tramo 3 y Conirsa auditados por PwC.

“Los estados financieros sirvieron de insumos para los peritos y por otro lado la sociedad auditora en ningún momento observó este ropaje de riesgos adicionales por la que las empresas peruanas disfrazaron el pago de coimas a Alejandro Toledo”, precisó Castro.

El quinto elemento de convicción la testimonial ante la fiscalía de los auditores de PwC, en concreto de dos.

“Este dijo que en contabilidad no hay definición de riesgos adicionales y por el contrario, como auditores, evalúan los riesgos en relación a la empresa que va ser auditada, por ejemplo, el riesgo de continuidad de operaciones. También dijo que el equipo de auditores evalúa el acta de distribución de resultados como evidencia de la auditoria, pero se cuestiona las decisiones de las partes”, explicó el fiscal.

El Ministerio Publico cuenta, también, con la testimonial de otro auditor de PwC. “Este dijo que si estaría sujeta a una indagación (un reparto inusual de las utilidades) por qué variaron las estructuras. También mencionó que no tuvo conocimiento de dicha diferencia ni se le informó”.

El sexto elemento de convicción son las cartas de control interno y papeles de trabajo de PwC que sirvieron de insumo para los peritos de la fiscalía.

“Queremos destacar la carta del 15 de octubre de 2017, en la que se indica en que ninguno de los casos la firma encontró razones para hacer observaciones de emitir opinión de auditoría financiera. Tampoco se emitieron cartas de control interno dado que no se identificaron situaciones significativas que requieran ser reportadas. Lo que evidencia que este concepto estaba camuflado. Lo que permite la ley es ceder las utilidades, pero no camuflarla bajo el concepto de riesgos adicionales”, indicó Castro.

El séptimo elemento de convicción son los estados de cuentas corrientes y movimientos contables así como los asientos registrados con la distribución de dividendos con las empresas Interoceánica y Conirsa.

“En estos documentos se observa las transferencias realizadas por estas empresas, que materializaron la sesión de utilidades, así como los asientos contables plenamente identificado”, se explayó Castro al juez.

El octavo elemento de convicción es la minuta de concesión la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3 en la que se identifica a cada uno de los procesados como los representantes legales de cada uno de los integrantes del consorcio. Así como la minuta de concesión de Conirsa.

El último elemento de convicción de la fiscalía que “acredita que las empresas, tras haberse concertado dolosamente fueron favorecidos” – dijo Casto - es el otorgamiento de la buena pro del tramo 2 y 3 de la Interoceánica y el contrato de concesión del Corredor Vial Tramo 2 y 3.


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