El fiscal Rafael Vela en el carta enviada a Odebrecht recuerda que la constructora reconoció culpabilidad en el caso Gasoducto.
Afirma que según el artículo 143 de la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, en el supuesto caso de que la Fiscalía no llegue a un consenso con la empresa, el Estado puede usar en los arbitrajes toda información entregada a través del convenio firmado.
Sin embargo, Gestión conoció a través de otras fuentes vinculadas al caso que en el acuerdo de colaboración firmado entre la justicia peruana y la constructora, no hay ninguna limitación para que Odebrecht pueda demandar las veces que vea necesario al Estado.
Estas demandas no solo podrían realizar a través de arbitrajes, sino también con recursos en el Poder Judicial. Este diario también supo que la compañía lo que pretende con su demanda ante el CIADI es que se restablezca el contrato y luego pueda vender su participación en el proyecto. La matriz de Brasil considera que el contrato caducó de manera “ilegal”.
¿Es posible que se desista? De acuerdo a fuentes judiciales habría una solución: que el Estado acceda a convocar a una nueva licitación y la empresa que gane pague por los bienes que tiene Odebrecht y que fueron confiscados por la Ley 3037 desde el año 2017.
Gestión también conoció que, hasta el momento, no habría pago de sobornos a exfuncionarios o actos de corrupción en la licitación del Gasoducto, sino se tratan de pagos ilícitos, como bien señaló el fiscal Rafael Vela cuando reveló la admisión de culpabilidad de Odebrecht en este caso. Por ahora existen codinomes y pagos a lobbistas y abogados para obtener la concesión del proyecto.
OtroSí Digo
GyM también quiso demandar al Perú
Intenciones. Al igual que Odebrecht, Graña y Montero también presentó una solicitud contra el Estado ante el Ciadi en su condición de acreedor, el pasado 18 de diciembre del año pasado. Dicha acción incomodó al Equipo Especial Lava Jato. Es por ello que el 23 de diciembre el fiscal Rafael Vela se comunicó con los abogados de la constructora y les advirtió que con una demanda de por medio no era posible firmar un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría. El 27 de diciembre, la constructora Graña y Montero hizo público su desistimiento de iniciar un arbitraje con el Estado y anunció que logró cerrar un convenio preliminar con la justicia peruana.