Redacción Gestión

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La comunidad indígena ashánika vive un momento precario. Y, tras los devastadores ataques terroristas de Sendero Luminoso hace una década, hoy enfrenta un nuevo peligro: el proyecto de la hidroléctrica Pakitzapango de 2,200 megavatios, según informó el New York Times.

La represa, que tomaría agua del río Ene, es parte de un acuerdo energético firmado en 2010 para generar más de 6,500 megavatios y exportarlo principalmente a Brasil. Si se concreta, miles de comuneros serán desplazados en el proceso.

Antonio Metzoquiari, de 59 años, considera que es un "asunto grave". "Es un regreso a la violencia, a otra guerra. No sé dónde o cómo encontraríamos un nuevo lugar para vivir", dijo.

En un momento donde las hidroeléctricas han perdido aceptación en diversas partes del mundo, estos proyectos mantienen su atractivo en Latinoamérica; región que tiene grandes reservas de agua pero carece de fuentes de energía convencionales.

De acuerdo al medio neoyorquino, el presidente Ollanta Humala aún tiene que asumir una posición ante las represas, pero tendría que definirla para cuando la presidenta de Brasil Dilma Rousseff visite el Perú próximamente.

Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas argumentan que las represas solo tendrán sentido económico si se exporta gran parte de la energía producida. Y el ministro ha estimado que si bien el impacto ambiental es importante, se asegurarían de que las comunidades locales se beneficien con proyectos de electrificación.

Para Michael Shifter, presidente de la investigadora Inter-American Dialogue, el manejo del mandatario en esta y otras iniciativas que afecten el desarrollo de las comunidades nativas definirá la actual administración. "La mayor prueba para Humala es llegar a un acuerdo", señaló Shifter. "Creo que él entiende que si se actúa muy rápido o toma un giro muy severo podría perjudicarlo".

Hasta el momento Humala ya ha sido puesto a prueba con el proyecto minero Conga de US$ 4,800 millones, donde los opositores protestas por una supuesta contaminación del agua.

Durante su campaña presidencial, Humala se oponía a Conga, pero ahora ha mostrado su apoyo a la viabilidad del proyecto en cuanto muestre mejoras a la calidad de vida de las comunidades involucradas. Conciliación que podría ser un primer vistazo de sus planes para completar su agenda social sin ahuyentar a los inversionistas, según Fernando Romero, sociólogo y experto en conflictos sociales.

"Creo que el gobierno verá en las inversiones mineras y de capitales brasileños la principal fuente para realizar sus planes de inclusión social", apuntó.

A pesar del impacto en las comunidades locales, muchos proyectos han obtenido la aprobación sin una notificación a los pobladores. Por esto, la Central Ashánika del Río Ener se presentó ante el MEM para revelar la propuesta de la reserva.

La organización reunió a 17 comunidades ashánika para explicar que el proyecto inundaría números poblaciones y desabastecería a otras dependientes el río. El impacto, afirman los críticos del proyecto, evoca la época del terrorismo cuando murieron cerca de 6,000 ashánikas.

Muchos temen que el proyecto resulte en una disminución de sus recursos. "En la ciudad ellos hacen dinero y compran lo que necesitan, pero aquí nosotros vivismos de nuestra producción. Comemos lo que plantamos y somos felices", aseguró Dimer Dominguito, de 25 años. "Queremos defender nuestro derecho a la naturaleza, a nuestro mercado. Nosotros apoyamos al gobierno, pero ¿quién nos apoya a nosotros?