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El juez anticorrupción de Brasil, Sergio Moro, afirmó que el caso Lava Jato ha revelado una red sistémica de corrupción tanto de empresas y ejecutivos en la región, aunque en el caso del Perú no emitió alguna opinión sobre la situación de las delaciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en el país.
En declaraciones a IDL Radio, señaló que hacer publica la información no ha generado peligro para los colaboradores, ya que se ha comprobado que esas delaciones han ayudado a otros países en sus respectivas investigaciones.
"Que la información del caso Lava Jato sea pública evita que los poderosos quieran intervenir en los procesos", afirmó el juez federal a cargo del mayor escándalo de corrupción de la Brasil.
Respecto a los acuerdos entre las autoridades brasileñas y el resto de los países, entre ellos Perú, sobre el uso de delaciones implicaría no procesar a la constructora en dicho países.
El juez señaló que los ejecutivos que se convirtieron en colaboradores tienen beneficios, algunos han revelado información en otros países y es deber de las autoridades investigar y ocuparse de esos casos.
"Cada país tiene su ley, y tiene el derecho de aplicarla respecto a las colaboraciones", dijo el juez federal.
Participación de otras empresasHasta el momento una de las pocas empresas que se acogieron a las colaboración premiada es Odebrecht pese que existe una red de corrupción que incluye empresas de otros países.
Moro señaló que "una empresa involucrada tiene dos opciones: la primera es que no se acoge a la colaboración y asume las consecuencias, y la segunda es que sí acepta la colaboración, asume las consecuencias pero también obtiene beneficios".
Se ha demostrado que empresas brasileñas pagaron coimas a autoridades de otros países, sentenció el juez brasileño.
En las investigaciones de Moro han caído desde exdirectivos de la petrolera hasta los dueños de las mayores constructoras del país, pasando por políticos de alto y bajo calibre tanto de izquierda como de derecha.
En julio, Moro condenó a 9.5 años de prisión al expresidente Lula da Silva, el "gran golpe" de una cruzada que ya puso entre rejas a decenas de políticos y empresarios.