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La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se refirió a un reciente reportaje que revela que el presidente de la República, Pedro Castillo, continúa manteniendo reuniones en una casa en Breña, pese a que esto colisiona con los principios básicos de transparencia.
“He tomado conocimiento de esta denuncia que me parece delicada porque, en principio, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino Palacio de Gobierno”, manifestó en diálogo con ATV.
En esa línea, la primera ministra resaltó que el propio Castillo Terrones remarcó mediante Twitter que no avala “ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular” y que, si hubiese indicios de corrupción, se somete a las autoridades “para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”.
“He visto un tweet que él ha publicado donde señala que cualquier situación irregular se debe investigar y creo que eso corresponde porque son denuncias muy delicadas y no queda claro realmente quiénes son esas personas que acuden a esa casa de Breña”, aclaró Vásquez.
Un informe de Cuarto Poder evidenció que el mandatario visita continuamente la casa en Breña que el utilizó durante la campaña electoral y donde despachó en los primeros días de su gestión.
Al lugar también llegó, entre otros, la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano, y los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez, ambos de Perú Libre.
El 19 de noviembre, llegó el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y luego una persona a la que Cuarto poder identificó como Karelim López Arredondo, quien también registró reuniones con Castillo en Palacio.
En agosto pasado, la Presidencia de la República aseguró que Pedro Castillo cumplirá las labores propias de su investidura desde la sede de Palacio de Gobierno y ya no en la casa de Breña. Esto a consecuencia que la Contraloría alertada que el presidente habría estado vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y con ello principios básicos de transparencia.