El decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001, tiene todas las garantías constitucionales, sostuvo el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.

Remarcó que el artículo 44 de la Constitución Política establece que es deber prioritario del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y que el artículo 139 dispone la obligación de brindar defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

"Este decreto es perfectamente constitucional y obedece a los insistentes pedidos que hemos recibido por parte de los afectados y organismos de la sociedad civil, que reclaman medidas de atención a sus demandas", señaló a la Agencia Andina.

Asimismo, refirió que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), establece que corresponde al mencionado portafolio formular políticas públicas de acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.

El pasado viernes, el Gobierno promulgó un decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas y la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), practicados durante los años 1995 y 2001.

Diversos sectores en el país y organizaciones internacionales, entre las que destaca Amnistía Internacional, entidad que consideró la medida como un primer paso para la creación de una política integral de reparaciones.

Para el viceministro, esa medida representa un primer paso para hacer justicia a las víctimas de esterilizaciones y el cumplimiento a la política de defensa y respeto a los Derechos Humanos.

. Ministro se reunió con Defensor del Pueblo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, realizó una visita protocolar al Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, a fin de afianzar la relación entre ambas instituciones.Se abordaron temas de coordinación en materia de derechos humanos, así como asuntos penales y penitenciarios.