:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/IMOO7PWE3FHW3PP4BHEMKS7COQ.jpg)
El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dijo hoy esperar que el fallo que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acabe con la persecución judicial que han sufrido por años los comandos de la operación de rescate Chavín de Huántar.
"Esperamos que se absuelva al Estado de este despropósito de pretender condenarlos por presuntas ejecuciones extrajudiciales (contra terroristas del MRTA) que nunca se produjeron", remarcó el funcionario en Radio Exitosa, informó Andina.
Ratificó que no existe evidencia médico-forense que haga suponer que alguno de los terroristas emerretistas murieron en circunstancias diferentes a una situación de combate.
La operación Chavín de Huántar se realizó el 22 de abril de 1997, a fin de liberar a las personas retenidas contra su voluntad en la casa del entonces embajador de Japón en Lima (Morihisa Aoki) por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Una organización que defiende a los familiares de los terroristas que murieron en la operación llevó el caso al referido tribunal internacional, argumentando que hubo ejecuciones extrajudiciales, como en el caso del emerretista "Tito".
Para ello, presentaron declaraciones del ex diplomático japonés, Hidetaka Ogura, y de dos policías, así como un informe antropológico que, según recordó Adrianzén, fue desvirtuado "línea por línea" por los mejores médicos forenses del mundo.
Además, señaló el ministro, los referidos testimonios fueron contradictorios y en el proceso que se sigue en el país ninguno de los supuestos testigos acudió a declarar a pesar de ser los primeros llamados para ello.
"Ningún comando participó en un acto ilícito fuera de las operaciones regulares del combate que sucedió allí", aseveró el titular de Justicia, al aclarar que las víctimas fueron los comandos, que sufrieron dos bajas y 25 heridos, estos últimos aún con secuelas tanto físicas como psicológicas.
"No encontramos ninguna razón para que el Estado peruano resulte condenado en un proceso como este, y en esa defensa estamos abocados", añadió.Mencionó que la corte sesiona desde el último lunes y puede pronunciarse sobre el caso hasta el próximo viernes.