La fiscalía pidió 9 años de cárcel para la ministra de la Producción, Rocío Barrios. (Foto: Produce)
La fiscalía pidió 9 años de cárcel para la ministra de la Producción, Rocío Barrios. (Foto: Produce)

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, afirmó que la denuncia fiscal por presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 2014, “no tiene asidero legal”.

A través de un extenso comunicado, Barrios Alvarado aseguró que no se apropió de dinero o caudal alguno, pues su accionar fue en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

“La acusación fiscal no tiene asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directorial Nro. 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado”, señaló en su pronunciamiento.

Refirió que ella asumió los pagos de los servicios de mantenimiento de vehículos de la PCM de la gestión anterior y que dicho acto administrativo “respondió estrictamente” a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a que en caso de no existir contrato ni órdenes de servicio, “no puede ser soslayado para efectos civiles”.

Barrios refiere que el pago fue requerido notarialmente por los proveedores, para lo cual se solicitaron informes a las unidades directamente intervinientes en el tema, como el coordinador encargado de Transportes de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM. Dichos documentos fueron reconocidos legalmente.

“Finalmente, vale precisar, que en la misma Resolución se dispuso se efectúe el deslinde de responsabilidades a fin de que se determine responsabilidad administrativa a que hubiere lugar de los funcionarios o servidores públicos que estuvieron involucrados en el no pago oportuno de las citadas deudas”, subrayó.

Como se recuerda, el fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a Rocío Barrios Alvarado por el delito de peculado doloso. La acusación fue presentada el 31 de enero, pero la investigación preparatoria arrancó en marzo de 2018.

De acuerdo a la acusación, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.

Según el fiscal Manrique, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. Nunca se registraron órdenes de servicios, ni existen constancias de conformidad y tampoco se hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó, indica el documento.