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La Contraloría General de la República concluyó que la Cancilleria realizó contrataciones inadecuadas por casi S/300 mil para el Encuentro Presidencial y III Gabinete Binacional de Ministros Perú-Chile realizado en Paracas, en octubre del año pasado.
Aquella vez los presidentes Martín Vizcarra y Sebastián Piñera tomaron acuerdos respecto a cinco ejes temáticos: asuntos sociales y cultura para la integración; seguridad y defensa; comercio exterior, inversiones, turismo y cooperación en ciencia y tecnología; medio ambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros y desarrollo e integración fronteriza y asuntos de infraestructura.
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No obstante, la Contraloría decidió realizar un informe de control posterior con el fin de determinar si las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para evento internacional, se efectuaron conforme a la normatividad vigente.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores contrató directamente servicios por un monto ascendente a S/ 295, 996.00, para el Encuentro Presidencial y III Gabinete Binacional de Ministros Perú - Chile, amparándose inadecuadamente en la Ley N ° 30154; al no haber gestionado, emitido y aprobado las disposiciones (acciones técnico-operativas) que regulen las condiciones bajo las cuales se efectuarían las mencionadas contrataciones; situación que habría afectado la transparencia y libertad de concurrencia de proveedores”, se lee en el informe al que accedió Gestión del 24 de julio.
¿Qué fue lo que se compró? Se contrató el servicio de habilitación temporal de espacio para el funcionamiento de la sala de prensa por S/99, 996,00. Igualmente se adquirió el servicio de alquiler de equipos multimedia, ilumunación, y otros por S/196,000.
Según la auditoría, estos servicios habrían sido directamente contratados en el marco de la Ley N° 30154, por requerimiento del área usuaria, “pero esta modalidad de contratación no sería aplicable, debido a que la Cancillería no aprobó la disposición que regule los procedimientos y fije el monto hasta el cual podría contratar en el marco de dicha ley especial”.
En ese sentido, la Contraloría recomienda a Cancillería disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra cuatro funcionarios implicados en los hechos irregulares.
El documento fue derivado al actual canciller Mario López Chávarri el 27 de julio para que tome cartas en el asunto.