"El peor conflicto de los mineros, probablemente, no es el agua, sino la demarcación territorial; es decir, dónde se hace minería", apunta la analista Cecilia Blume, quien considera que las figuras políticas más radicales prefieren que los gobiernos locales –y no el gobierno central- escojan las áreas aptas para las actividades extractivas, aunque no lo expresen abiertamente.

La ex jefa del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros explica que esta demarcación territorial para los proyectos mineros es definida por el Ejecutivo, ya que los recursos naturales pertenecen a la nación, según lo indica la Constitución.

No obstante, para Blume, la ineficacia del Estado para solucionar los conflictos sociales parte de sus problemas de comunicación y de no tener una postura definida ante la minería: "El trabajo del gobierno es zanjar. No puede estar un día sí, otro no".

RegionesAdemás, cuando el país entre a un "periodo de calma", la analista estima que es necesario reformular la relación con los gobiernos regionales y desarrollar leyes que permitan su funcionamiento adecuado.

"Falta normas. Por eso, no se sabe qué hacer cuando un gobierno regional se opone al gobierno central, como en el caso de Gregorio Santos. Se acusa al gobierno de reprimir, pero tiene que regular", comenta.

Así, la tarea de mejorar regionalización recae sobre el Legislativo. "Pero si a la fecha el Congreso no ha podido nombrar a los tres directores del BCR, los miembros del Tribunal Constitucional ni al Defensor del Pueblo, esta situación preocupa", afirma Blume.