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El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio abandonó la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el Centro de Lima, para ser trasladado hasta el penal Miguel Castro Castro en San Juan de Lurigancho, donde cumplirá los 24 meses de prisión preventiva.
La exautoridad edil es investigada por lavado de activos y otros delitos por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, a cambio de favorecerlas en licitaciones de obras públicas.
Según la fiscalía, OAS habría entregado US$480 mil para la campaña de Castañeda Lossio; mientras que Odebrecht dio montos de entre US$100 mil y US$120 mil.
La fiscalía considera al exalcalde de Lima el cabecilla de una presunta red criminal destinada a cometer actos ilícitos para la campaña municipal 2014.
Álvarez Camacho, durante la lectura de su fallo, consideró que para Luis Castañeda Lossio se cumple el requisito de prognosis de pena alta. Aclaró que por concurso de delitos le pena para el también excandidato presidencial sería de probablemente 25 años y cuatro meses.
La jueza sostuvo, además, que se ha probado la existencia de un "esquema" de asociación ilícita con la colocación de personas en puestos importantes en la Municipalidad de Lima.
Sobre el presunto delito de lavado de activos para Luis Castañeda y Luna, la magistrada indicó que existen elementos que corroboran las declaraciones de los colaboradores eficaces, incluyendo el testimonio de Martín Bustamante, ex funcionario de la comuna capitalina y ex hombre de confianza del exalcalde.
Detalló que estos son los traspasos de dinero, la compra de vehículo y los pagos por servicios del líder de Solidaridad Nacional por parte de Telesup.
Álvarez Camacho sostuvo que no existe peligro de fuga por parte de Castañeda Lossio. Esto debido a que tiene arraigo domiciliario y familiar. Sin embargo, determinó que sí existe peligro de obstrucción a la justicia “claro y notorio” del exalcalde de Lima.
Para Luna Gálvez y Zegarra, la jueza Álvarez dictó comparecencia con restricciones, porque en ninguno de los casos se cumplió el tercer precepto para la prisión preventiva: riesgo de fuga y peligro de obstaculización a la justicia.
La magistrada estableció que Zegarra deberá pagar una caución de S/50 mil, mientras que Luna Gálvez, S/500 mil.