Velásquez Quesquén: No se puede criminalizar la función de representación congresal

Javier Velásquez Quesquén, integrante del Congreso de la República disuelto, consideró que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “no puede criminalizar” la función de representación congresal.

Fue al referirse al documento presentado por la Fiscalía de la Nación, que consideró que existe mérito para denunciarlo constitucionalmente por tráfico de influencias agravado por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

A través de su cuenta en Twitter, Velásquez Quesquén refirió que la reunión en la que participó con el detenido alcalde de Chiclayo David Cornejo, y por la cual ha sido acusado, buscó solucionar el bloqueo de las cuentas de la municipalidad provincial.

"No se puede criminalizar la función de representación congresal: Fiscalía me denuncia por participar en una reunión pública en Contraloría con congresistas, el ex alcalde de Chiclayo y sus funcionarios para solucionar el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo; en estricto cumplimiento del mandato que me dio el pueblo lambayecano", señaló.

"En el próximo Congreso demostraré que es una nueva patraña urdida para desprestigiar a los adversarios del gobierno", agregó.

La denuncia presentada por Ávalos también incluyó al tercer vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso, Marvin Palma, a quien le imputó el delito de tráfico de influencias por haber intercedido para concretar el encuentro entre Cornejo con el excontralor Edgar Alarcón.

A Javier Velásquez Quesquén se le investiga por supuestamente haber intercedido, en agosto de 2017, en favor del detenido David Cornejo para concertar una reunión con Alarcón, a quien la Fiscalía de la Nación le atribuye el presunto delito de cohecho pasivo propio.

En la acusación Zoraida Ávalos sostiene que ambos congresistas habrían solicitado a Cornejo entregar un certificado de funcionamiento a una discoteca y favorecer a un empresario.

En la resolución del 5 de noviembre se señala que los actuados se enviará al Parlamento para que “proceda de acuerdo a sus atribuciones una vez que entre en funciones”, ya que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

Así, la denuncia aún debe ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de ser aprobada, pasará a la Comisión Permanente y luego al pleno del nuevo Congreso, que deberá decidir la situación de ambos congresistas.